Tema 5: Los principios informadores del Derecho Eclesiástico español (2015)

Apunte Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Derecho Eclesiástico
Año del apunte 2015
Páginas 4
Fecha de subida 16/03/2016
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RCOSTA 5. Los principios informadores del Derecho Eclesiástico español Tratamiento que la Constitución española da al factor religioso En parte, el interés de los cultivadores del Derecho Eclesiástico por afianzar su autonomía científica y su valor entre las disciplinas jurídicas, llevó a la formulación de los llamados principios informadores, es decir, unas pautas generales de carácter jurídico que manifiestan las constantes que cumplen las reglas referidas al factor religioso en el ordenamiento jurídico español y que, al mismo tiempo, sirven como criterio de depuración de aquellas otras reglas que resultan incoherentes con el sistema jurídico construido.
El problema de los principios es que pueden ser de muy diversos tipos. Se dice que las normas jurídicas pueden ser de dos clases: reglas de carácter prescriptivo, organizativo, etc.; y principios, de carácter más amplio. Los principios, a su vez, pueden ser inducidos o consagrados desde la cúspide del ordenamiento; o bien, pueden ser deducidos de las constantes que se observan en un conjunto de reglas jurídicas, resoluciones administrativas o decisiones jurisprudenciales. Lo cierto es que los principios informadores están estrechamente vinculados a la Constitución española, desde el punto de vista formal; es decir, de alguna forma aparecen ante nosotros como especificaciones de las exigencias constitucionales sobre el tratamiento jurídico del factor religioso. Y, en consecuencia, permiten entender la parte del ordenamiento jurídico que se ocupa del factor religioso de forma unificada, facilitando la labor interpretativa de las reglas jurídicas de forma congruente con el propósito y exigencias generales del Derecho en esta materia y, por último, transmitiendo a los operadores jurídicos unas pautas acerca de la idea de Estado en relación con las religiones y con las creencias en general.
La Constitución de 1878, lo que pretende es la protección y el reconocimiento de los derechos y libertades en materia religiosa tanto de los individuos como de las comunidades, y ello lo hace a través de unos principios, que inspirados en un espíritu de libertad y de concordia, superan lo que en nuestra historia constitucional se ha venido a llamar la cuestión religiosa.
Pero además, no solamente la Constitución de 1878 ha sido la superación de unos principios por otros, sino que además también ha optado por valorar positivamente, no solo la Iglesia Católica, sino todas las confesiones religiosas, y por lo tanto el factor religioso. De ahí, que la cuestión religiosa no se pueda abarcar o entender desde solo los dos principios que se establecen en el Artículo 1.1CE, que son el principio de libertad y el principio de igualdad, sino que, junto a estos dos principios, hay que añadir dos más como es el principio de laicidad y el principio de cooperación. Con estos principios, el Estado español quiere dar a entender que no forma parte de sus funciones ni de sus fines el asumir criterios u opciones religiosos, como se había venido haciendo hasta la Constitución de 1878. Los principios están en los Artículos 14 y 16CE.
Principio de libertad religiosa Está recogido en el Artículo 16CE, que fue posteriormente desarrollado por la Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980, a su vez, este principio está recogido en multitud de Tratados Internacionales entre los que podríamos destacar la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
El principio de libertad religiosa no se tiene porque el Estado se lo establezca, sino porque forma parte de la naturaleza del ser humano. Todos los ordenamientos jurídicos del mundo deben situar la libertad religiosa en el plano donde lo situó el Concilio Vaticano II, es decir, que se reconozca como un derecho civil RCOSTA de las personas. Así mismo, el principio de libertad religiosa supone que hay un ámbito de inmunidad para llevar a cabo los actos de fe individuales y colectivos, y desde esta perspectiva, la libertad religiosa genera un deber de abstención y no injerencia, tanto por parte de los poderes públicos como por parte de los otros ciudadanos, y a su vez también supone una promoción de libertad religiosa de los poderes públicos, y todo ello con la finalidad de que los poderes públicos no pueden coartar ni substituir al individuo o al ciudadano en el ejercicio de esta libertad. Por consiguiente, se trata de reconocer, por parte del Estado y de los poderes públicos, que ciertas decisiones son radicalmente individuales y que el Estado o los poderes públicos se presenta como un sujeto incompetente para adoptar determinadas opciones e incluso para formar sobre ellas un juicio de valor.
Hay dos manifestaciones: el derecho al silencio que significa que nadie te puede obligar a declarar sobre tu confesión (Artículo 16.2CE) y el derecho al culto. El contenido de la libertad religiosa en el ordenamiento jurídico, es lo suficientemente amplio para que todas las confesiones puedan ejercer sin obstáculos su propia finalidad religiosa.
Puede desconcertar la denominación de este principio, que asociamos a primera vista con un derecho fundamental. Tal asociación es correcta, pero sólo en parte. Sin embargo, la libertad religiosa conlleva una actitud o comportamiento jurídico por parte del Estado a la hora de proteger y promover dicha libertad de modo coherente con todo el orden constitucional. En consecuencia, el principio de libertad religiosa supone ante todo un área de acción humana inmune a la intervención estatal, respecto a la cual el Estado se prohíbe cualquier concurrencia junto con los ciudadanos en calidad de sujeto de actos o actitudes ante la fe y la religión, sean del signo que fueren. Es decir, el Estado reconoce que es ajeno a su naturaleza de solo Estado imitar en la fe y la práctica religiosa a los individuos y comunidades.
Principio de laicidad del Estado El principio de laicidad lo que define es cuál es la postura que adopta el Estado ante el factor religioso.
En la actualidad, para comprobar cuál es la postura que el Estado adopta ante el factor religioso donde tenemos que ir es al Artículo 16.3CE, que establece que ninguna confesión tendrá carácter estatal. El problema surge cuando a continuación, hay un sector de la doctrina que dice que hay una confesionalidad implícita que vulnera el principio de igualdad, y en cambio, hay otro sector de la doctrina que dice que esta mención específica de la Iglesia Católica en la Constitución no vulnera el principio de igualdad ni tampoco supone una confesionalidad implícita, sino que, este sector de la doctrina dice que esta mención de la Iglesia se debe a dos factores: uno es el factor sociológico, ya que no se puede desconocer que la mayoría de los españoles procesan la religión católica; y luego también porque existe un factor técnico-jurídico, que es que la Iglesia Católica es la única que tiene personalidad jurídica internacional, que le hace diferente desde un punto de vista jurídico a las otras confesiones. Este sector de la doctrina señala que con ello, lo que se está diciendo es que los poderes públicos deben tener en cuenta el factor religioso como un factor social de la sociedad española, y tienen que tener en cuenta las características, las diferencias, el arraigo de cada confesión, la importancia, la tradición o la extensión. De ahí, que este sector de la doctrina, a esta mención que se hace de la Iglesia Católica, la haya denominado paradigma extensivo de todo trato específico del factor religioso, que significa que de tanta libertad y de tanto reconocimiento como voz en la Iglesia Católica, el mismo trato deben tener las otras confesiones religiosas si cumplen los mismos requisitos o poseen un arraigo similar en España.
El principio de laicidad comprende básicamente dos elementos. Por un lado, la separación institucional entre el Estado y las religiones. Por otro lado, la llamada neutralidad del Estado, consiste en que el Estado no efectúa una valoración de las creencias religiosas en términos de verdad o falsedad, a la hora de adoptar posturas respecto de ellas. También podría entenderse que la neutralidad es reflejo de la imparcialidad del RCOSTA Estado en materia religiosa y de creencias; no toma partido en disputas de carácter religioso. La neutralidad, en suma, es reconocer la recíproca autonomía de Estado y religión.
Principio de igualdad religiosa delante de la ley El principio de igualdad religiosa está regulado en el Artículo 14CE y establece la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley con la prohibición de cualquier clase de discriminación. Por discriminación hay que entender la expresa prohibición constitucional de cualquier privilegio, distinción o exclusión, que basada en motivos religiosos, tenga por objeto la supresión o el menos cabo de la libertad religiosa. Y por igualdad religiosa debe entenderse que forma parte del patrimonio jurídico de todos los ciudadanos la titularidad en igualdad de trato ante la ley del derecho de libertad religiosa. La mención específica que se hace de la Iglesia Católica en la Constitución no vulnera el principio de igualdad, sino que constituye un paradigma extensivo para las demás confesiones religiosas, pero ello no significa que la Constitución ofrezca el mismo estatus jurídico que tiene la Iglesia Católica a todas las otras confesiones religiosas, ya que esto sería un paradigma uniformador, y se ignoraría las características de cada una de las confesiones religiosas, además también, tampoco significa que para las confesiones religiosas distintas de la Iglesia Católica, se ofrezca un único estatus jurídico. Del reconocimiento de la singularidad o peculiaridades que posee la Iglesia Católica, en igual medida tienen derecho a que se les reconozca a las confesiones no católicas.
El principio de igualdad comprende tanto la igualdad en la ley, tratamiento igual de los supuestos iguales; y la igualdad ante la ley o en la aplicación de la ley, interdicción de una aplicación distinta de la ley en razón de las creencias religiosas. Igualmente no cabe en estatuto personal diverso en relación con el ejercicio del derecho individual.
No toda desigualdad de hecho es contraria al principio de igualdad. El verdadero principio de igualdad no es dar a cada uno lo mismo, sino dar a cada cual lo suyo. Esto es así porque, como ha señalado el propio Tribunal Constitucional en su STC 29/1987, 6 marzo, el núcleo del principio de igualdad no es más que una expresión elemental de las exigencias básicas de la justicia. El elemento clave para entender qué desigualdad es contraria al principio de igualdad, es el término discriminación. En el lenguaje jurídico, por influencia angloamericana, el término discriminación no indica la simple diferencia o distinción, sino aquella que resulte injustificada o arbitraria.
Se puede establecer algunas conclusiones sobre el alcance de este principio: primero, un tratamiento jurídico especifico es discriminatorio cuando las consecuencias de ese trato diverso provocan la desaparición o el menoscabo de la única y misma categoría de sujeto de la libertad religiosa; segundo, no hay discriminación cuando de los aspectos favorables del trato específico ningún otro sujeto de libertad religiosa es excluido por principio o condición básica, aunque de facto algunos o muchos sujetos no los disfruten o ejerzan.
En definitiva, al hablar del principio de igualdad es importante distinguir el plano político e ideológico, del plano jurídico. Cuando con frecuencia se escribe y habla en los medios de comunicación de privilegios, criptocatolicismo del Estado, pluriconfesionalidad, multiconfesionalidad, etc., es importante para el jurista dotar al discurso de una dosis de serenidad, con el fin de calibrar en su medida justa la existencia y justificación de determinadas reglas o normas especiales.
Principio de cooperación entre el Estado y las confesiones religiosas La Constitución eleva a rango constitucional la existencia de relaciones entre las confesiones y los poderes públicos, y lo define a través del término cooperación. La pregunta que se tiene que plantear, es si RCOSTA para los poderes públicos será obligatorio llegar a acuerdos con la Iglesia Católica, porque esta mencionada en la Constitución, y en cambio, será potestativo que lo haga con las otras confesiones religiosas citadas genéricamente. La respuesta de esta pregunta es negativa, pero sí que, en la mención que se hace de la Iglesia Católica en la Constitución, está la respuesta, ya que las otras confesiones religiosas, para poder firmar Acuerdos con el Estado, deberán cumplir los requisitos que establece el Artículo 7.1LOLR, y estos requisitos son dos: tienen que estar inscritas en el Registro de Entidades Religiosas; y en segundo lugar, es que tienen que haber alcanzado un notorio arraigo en España, y los Acuerdos que lleguen a firmar con los poderes públicos, se aprobarán por Ley de las Cortes Generales.
En el Ministerio de Justicia se aprobó hace años la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que está regulada en la actualidad por el Real Decreto 932/2013, 29 noviembre. La composición es que hay representantes de todas las confesiones religiosas con notorio arraigo, hay representantes del Ministerio y hay representantes de especialidad del tema. Las funciones que tiene son: realizar informes, dictámenes sobre la firma de estos Acuerdos entre los poderes públicos y las confesiones religiosas.
Desde el punto de vista político, el Artículo 16CE pretendería suplir una reprochada ausencia de la mención de Dios en el texto constitucional, al tiempo que buscaba una vía intermedia entre el anticlericalismo laicista de la Segunda República española, por un lado, y la confesionalidad oficial católica del régimen del general Franco, por otro.
Desde la perspectiva jurídica, el Artículo 16.3CE contiene dos exigencias. En primer lugar, el Estado no adopta una confesión oficial (es aconfesional). En segundo lugar, se propone tener en cuenta las creencias religiosas, lo cual se ha interpretado como valoración positiva del hecho socio-religioso. Tal conclusión, con ser plenamente legitima, no parece totalmente fiscal, pero de esa toma en consideración no cabe deducir que valore positivamente esos fenómenos.
La cooperación implica la existencia de dos entidades distintas (Estado y confesiones religiosas) que actúan juntamente para un mismo fin. Este fin puede ser la realización efectiva del derecho de libertad religiosa, aunque nada impide que se propongan la actuación conjunta para otros fines (culturales, humanitarios, etc.). Sea como fuere, el principio de cooperación no apunta hacia unos instrumentos concretos o manifestaciones tasadas de cooperación.
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