Derecho Constitucional I TEMA 6 (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Derecho + Droit - 1º curso
Asignatura Derecho Constitucional I
Año del apunte 2014
Páginas 7
Fecha de subida 17/06/2014
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Tema 6 El reglamento 1. Concepto, clases y régimen jurídico.
Constitución Leyes Reglamentos Reglamentos: Acto normativo dictado por el poder ejecutivo subordinado a la ley. Se dicta haciendo uso de la potestad reglamentaria. Jerárquicamente situado por debajo de la ley.
NO podrá tener ni rango ni fuerza ni valor de ley.
Naturaleza de la potestad reglamentaria 1. La capacidad para dictar este tipo de actos normativos es consustancial a la propia atribución de funciones de gestión, por tanto los reglamentos serían una consecuencia de la propia autonomía de los entes públicos ya que la capacidad para dictar normas estaría incluida en la propia capacidad para gestionar sus competencias.
2. Un reglamento es la consecuencia de la potestad discrecional que tiene la administración que le permitiría entrar a regular de manera libre todo aquello que la ley no regule. Capacidad de actuación únicamente limitada por el ámbito material que la ley haya asumido.
3. La potestad reglamentaria no es una potestad natural, sino que es consecuencia de la atribución expresa al respecto que haga bien la Constitución bien las leyes, normas superiores. La administración no es libre de dictar reglamentos, únicamente lo podría hacer cuando bien la Const. ampliando o reduciendo la 1 atribución, bien las leyes, atribuyeran expresamente al gobierno esta posibilidad/ capacidad.
La potestad reglamentaria existe porque es la Constitución la que dice en el ART 97 que el poder ejecutivo puede dictar reglamentos. Y es la misma Constitución la que determina la posición del reglamento en el sistema de fuentes cuando dice que el reglamento está subordinado de manera absoluta de laley y de todo acto normativo con fuerza de ley. Quiere decir que respecto de los actos normativos con fuerza de le, leyes decretos leyes o decretos legislativo y reglamentos, se da una relación de jerarquía en términos absolutos, de modo que todo reglamento que se oponga a lo que dice una ley, será nulo. Del mismo modo que si una ley posterior es incompatible con un reglamento anterior, lo que cede es el reglamento, la nueva ley, privará de vigencia al reglamento. LA LEY SE IMPONDRÁ SIEMPRE, SEA ANTERIOR O POSTERIOR.
En la Constitución, mientras que si que establece una reserva de ley que dice que algunas materias tiene que estar obligatoriamente reguladas por ley, no establece de manera paralela una reserva de reglamento, en la Const, no hay una lista de materias que tengan que estar forzosamente reguladas mediante reglamento, por tanto se puede decir que en el ámbito material del reglamento va a estar siempre condicionado por lo que previamente haya acotado la ley.
Capacidad para dictar reglamentos En términos generales, se reconoce al poder ejecutivo. A todo órgano que tenga este poder dentro de sus respectivas competencias materiales y territoriales, así tienen capacidad para dictar reglamentos el Gobierno, los Gobiernos autonómicos, y los Plenos de las Diputaciones, los Ayuntamientos y de más entes locales.
Puede haber reglamentos centrales, de ámbito autonómico y con alcance únicamente local. La capacidad normativa de los entes locales, se limita los actos de tipo reglamentario, un ente local no puede dictar normas con rango de ley. En todo caso, la capacidad para desarrollar mediante reglamentos las disposiciones de una ley, corresponde únicamente al Gobierno, no a los entes locales. El gobierno del estado podrá dictar reglamentos de desarrollo, los gobiernos autonómicos lo podrán hacer de leyes autonómicas, y los entes no podrán.
La potestad reglamentaria es una potestad del poder ejecutivo pero no todo lo que dicta el poder ejecutivo, es un reglamento, también pueden generar actos normativos, disposiciones, que no tienen carácter normativo. Son actos de aplicación menores.
Acto normativo.
Acto de aplicación de normas.
Si la disposición tiene alcance general y contenido abstracto, seguramente será un reglamento pero si tiene un destinatario o destinatarios específicos y hace referencia a una norma o a normas concretas, entonces lo más probable es que se trate de un acto 2 aplicativo. No siempre es así, por tanto también hay que fijarse en la capacidad innovadora que la actuación en cuestión tenga sobre el ordenamiento jurídico. Si se trata de un acto que se integran en el ordenamiento, será un reglamento probablemente, por el contrario, si se agotan sus efectos una vez aplicados y no se integra en el ordenamiento, seguramente será un acto aplicativo de normas.
Respecto a los tipos de reglamentos que se pueden dictar, la clasificación más sencilla es la que los distingue en función del órgano que los dicta: 1. Reales decretos. No confundir con los reales decretos leyes o legislativos. Son los que dicta el consejo de Ministros, son los reglamentos o bien sirven para desarrollar una ley o bien desarrollan materias que no están recogidas en las leyes pero que abarcan el ámbito de más de un Misterio. Dentro de la escala de reglamentos SON LOS MÁS IMPORTANTES. Son siempre del consejo de ministros pero en teoría el presidente y vicepresidente también podrían dictar reglamentos a título personal, que también se llamarían reales decretos (presidencia o vicepresidencia). En la práctica, no se hace. La posibilidad está abierta.
2. Órdenes Ministeriales. Una orden ministerial es un reglamento que dicta un Ministro, a título de Ministro de su departamento y que afecta a materias de su exclusiva competencia. También pasan por el consejo de ministro pero la firma corresponde al ministro en concreto. Los acuerdos de las comisiones delegadas del gobierno, van a articularse bajo la orden de orden ministerial o bien del ministro competente o bien como orden ministerial del ministro de la presidencia si aceptan más ministerios. Por debajo de los ministros, todas las demás autoridades normativas para dictar reglamentos, dictarán o bien resoluciones (reglamentos que afectan respecto de los ciudadanos) o circulares (actos normativos destinados a su aplicación interna dentro del mismo departamento).
En el ámbito autonómico, se reproduce más o menos el mismo esquema. Lo que pasa es que simplemente cambian los nombres de los actos.
El Consejo de Gobierno de la CA, dictará: 1. Decretos.
Las Consejerías: 2. Órdenes de las consejerías.
Las otras tendrán el mismo nombre: resoluciones y circulares.
Finalmente los entes locales, depende de la competencia y del que sea dictarán: 1. Ordenanzas. Son la máxima fuente normativa de aplicación interna.
3 2. Propio reglamento de ordenamiento orgánico.
Reglamentos, actos normativos del poder ejecutivo, diferentes a los reglamentos del Congreso y el Senado. Éstos sirven para regular el funcionamiento interno de las Cámaras, son actos normativos equiparados a la ley. No son reglamento.
2. Relaciones entre ley y Reglamento La relación entre ley y reglamento se articula mediante el principio de jerarquía. La ley siempre va a ser superior al reglamento, por tanto ningún reglamento del nivel que sea puede ni contradecirla ni modificarla. No puede nunca oponerse a la ley, sea anterior o posterior, siempre estará sometido a lo que digan las leyes. Además la relación entre ley y reglamento está sometido a un segundo principio, el principio de reserva de ley. Hay ciertas materias expresamente encomendadas a la ley sobre las que el reglamento no puede entrar, o al menos no puede entrar de manera directa.
Como no existe una reserva en el reglamento, se puede decir que frente al ámbito material ilimitado y general de una ley, el ámbito material del reglamento va a ser siempre residual, y va a estar limitado por lo que previamente hayan regulado las leyes.
Como el ámbito de la ley es en principio general e ilimitado, la ley puede regular aquello que la constitución le dice que puede regular, cuando una materia que no estaba sujeta a una materia expresa, se produce una congelación de rango. Cuando la ley regula algo, ese algo sufre una congelación de rango a favor de la ley, y desde ese momento, el reglamento no podrá entrar libremente. Sin embargo, se puede producir la descongelación, lo que se llama deslegalización de una materia. Cuando una determinada ley es sustituida por una ley posterior que no regula a materia sin o que simplemente dice que a partir de ese momento esa cuestión se regulará mediante reglamento, en ese momento, se produce la deslegalización y el reglamento puede entrar en la regulación plena.
La reserva de ley supone la posibilidad de que la ley sea la que se encargue de la regulación de algo concreto, pero en función del tipo de reserva de ley de que se trate, es posible que también pueda intervenir de manera complementaria el reglamento como fuente, el hecho de que exista una reserva de ley no excluye totalmente la intervención del reglamento. En caso de que se trate de una reserva de ley absoluta, la material completo tendrá que ser regulada de principio a fin por una ley, que el legislador tiene la obligación de regular la totalidad de una materia, y por tanto, le reglamento no tendrá ninguna posibilidad de complementar lo que diga la ley.
4 Frente a esto, lo normal es que las reservas de ley sean reservas relativas, es decir, que se faculte a la ley para abordar la materia, de manera que el propio legislador será el que escoja silo quiere regular en su totalidad o en parte la cuestión o si se quiere centrar en los sujetos generales permitiendo entonces al reglamento complementar esa regulación bajando a las cuestiones más concretas, más de aplicación. Una reserva va a permitir que los reglamentos complementen a la ley, siempre en la medida de lo que la propia ley diga.
Lo que se llama reserva reforzada es lo que la ley tiene como delimitados los aspectos que la ley tiene que regular, ya no es potestad del legislador escoger lo que ha de regular, sino que está obligado a regular una serie de cuestiones y hasta cierto punto.
A partir de ese mínimo sí que entra la potestad de seguir incluyendo la regulación en la propia ley o delegar el reglamento. Lo normal que es todas las leyes tengan reglamentos quelas complementen. Éstos terminan de cerrar las disposiciones de la ley. Lo habitual es que como fuentes la ley y el reglamento siempre vayan juntos.
Siempre habrá reales decretos que se dictan para desarrollar aspectos completos de ley.
En todo caso la remisión al reglamento tiene que ser expresa, la propia ley tendrá en su articulado o al final la habilitación para dictar reglamentos de desarrollo de cuestiones más específicas o más generales. La remisión tiene que ser sobre una materia concreta, y siempre tiene que ir dirigida a aspectos colaterales, nunca aspectos generales. El legislador puede meter lo que quiere dentro de la ley dentro de los límites, es él quién decide si lo regula todo en la ley o lo completen los reglamentos.
El art. 23 De la ley del Gobierno, habla de la potestad reglamentaria, dice que un reglamento no podrá establecer delitos ni faltas ni infracciones administrativas ni establecer penas o sanciones ni imponer tributos, tasas, o cualquier otra prestación equiparable de carácter personal o patrimonial. Sin perjuicio de su actuación al respecto como desarrollo de una ley. Los reglamentos no pueden establecerlos desde 0 si no hay ley, ya que la completan.
Este mismo artículo también dice que todos los actos administrativos tienen que ser conforme a lo que digan los reglamentos, y con independencia de que el acto sea dictado por un órgano administrativo superior, igual o inferior al que dictó el reglamento. Eso establece una diferencia jerárquica clara entre actos aplicativos o normativos.
Los reglamentos se suelen clasificar en 3 tipos: 5 1. Reglamentos Secundum legem. Reglamentos conforme en la leu, son los que dictan para complementar una ley. Tienen que respetar tanto la laye que desarrollan como cualquier otra ley del ordenamiento.
2. Reglamentos contra legem. Contienen cláusulas, disposiciones que se oponen a lo que dice la ley, y que no son válidos.
3. Reglamentos plaeter legem. O Reglamentos independientes. Son aquellos reglamentos que se dictan sin ser el desarrollo de una ley, sino para regular desde 0 una determinada cuestión. Sin que exista una ley previa. Estos reglamentos son viables en el ordenamiento siempre y cuando respeten la materia de ley.
3. Control jurisdiccional de los reglamentos Ni el recurso, ni la cuestión de constitucionalidad son aplicables a los reglamentos, porque son acciones cuyo objeto puede ser únicamente una norma con rango de ley.
La capacidad para controlar los reglamentos, la tienen los tribunales ordinarios, en concreto los tribunales contenciosos- administrativos, son los encargados de verificar la legalidad y la constitucionalidad.
En el caso de los reales decretos, el juez competente para conocer la legalidad, la validez de los reglamentos, es el Tribunal Supremo. Cuando se trata de órdenes ministeriales, es la sala contenciosa de la Audiencia Nacional, Audiencia Nacional, y para todos los demás reglamentos la misma sala Tribunal Superior de Justicia.
Para comprobar la legalidad de los reglamentos: 1. Acción directa. Es la posibilidad ante el Tribunal competente, la nulidad de cualquier disposición que dicte una administración pública, pero no se trata de una acción específica destinada a la impugnación de reglamentos, sino que simplemente es una aplicación del recurso contencioso administrativo general.
Reconoce la posibilidad de impugnar actos de aplicación. Cuando el tribunal competente, se pronuncie su resolución determinará si el reglamento es válido o si no lo es, si lo declara nulo implicará la nulidad a efectos generales. ERGA OMNES. Expulsión del ordenamiento por ser contrario a la ley, Constitución o a cualquier exigencia. Un particular puede impugnar un reglamento, siguiendo distintas pautas.
6 2. Acción indirecta.Cualquier juez de lo contencioso tiene la posibilidad de inaplicar los reglamentos, pero si lo inaplica, se tiene que presentar una cuestión de legalidad, que es parecida a la constitucionalidad. El juez pregunta al supremo, Audiencia etc., es válido o no, y le pedirá a ese tribunal un pronunciamiento con efectos generales. No puede eliminar un reglamento.
Puede hacerlo si está resolviendo un litigio de aplicación. También es posible que el juez competente para eliminar el reglamento sea el encargado del caso. En la misma sentencia que resuelve el litigio, se pronunciará sobre la validez del reglamento. Fallo más pronunciamiento con efecto general.
El TC puede pronunciarse sobre la validez de un reglamento, pero únicamente en 2 casos:   Si se trata de un reglamento estatal o autonómico cuyo contenido vulnera las normas de reparto competencial entre el estado y las CCAA.
Por la vía del recurso de amparo: vía directa para la protección de sus derechos, interpuesta hacia actos de la administración o actos normativos que vengan de ella, en los cuáles se incluyen los reglamentos. Se puede interponer un amparo contra aun reglamento si se entiende que este vulnera los derechos fundamentales. Mediante el recurso de amparo, llegado al caso, se podría concluir la anulación de un reglamento, pero el recurso de amparo no es una vía de impugnación de reglamentos no vale para eso. Puede darse, pero no suele. Además si son reglamentos que no tienen lesiones sobre derechos fundamentales, no tienen cabida en esta vía.
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