TEMA 3 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Internacional Público I
Año del apunte 2012
Páginas 12
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 3: EL SISTEMA NORMATIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
1. CONCEPTO Y DETERMINACIÓN DE LAS FUENTES DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
En líneas generales, se entiende por fuente tanto la razón de ser de una norma como el medio por el que se produce la norma y por el que se llega al conocimiento de la misma. Se distinguen por tanto dos aspectos: la cuestión de por qué obliga el contenido de la norma y de qué forma se crea el Derecho. Aquí nos interesa sobre todo este último.
Este doble aspecto ha dado lugar a que se distinga entre fuentes materiales y fuentes formales. Esta distinción tiene un valor metodológico o didáctico, ya que no podemos hablar en rigor de fuentes materiales en la forma en que se hace el Derecho interno.
La distinción entre fuentes formales y materiales surgió de la crítica al aspecto parcial del concepto. Así se dice que la fuente es una expresión metafórica que señala el lugar donde nace una corriente de agua, pero también se refiere a las causas subterráneas por las que el agua aflora. Las fuentes son el cauce donde se contienen las normas jurídicas.
Es distinto norma jurídica que fuente de derecho. La fuente en el continente, y las normas jurídicas el contenido.
En tal sentido las fuentes formales del Derecho Internacional Público son los medios o formas por los que la norma se manifiesta (se crea), así el tratado, la costumbre y los actos normativos de las Organizaciones Internacionales.
En cambio las fuentes materiales según esto son las varias circunstancias que dan lugar a esa manifestación normativa (por ejemplo los intereses coincidentes de los estados en lo político, comercial, técnico…). Así como el primer aspecto es de naturaleza jurídica, el segundo cae fuera del campo del derecho, concretamente en el ámbito de la política y de las relaciones internacionales.
No hay en DIP una norma jurídica que expresamente tenga por finalidad enumerar las fuentes del derecho. Sí hay, sin embargo, una referencia muy precisa, que es la que se utiliza, y que debidamente adaptada a la evolución del ordenamiento es muy útil: El art. 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia.
El art. 38 del Estatuto del Tribunal Internacional de Justicia, al enumerar las fuentes, lo hace en la forma siguiente: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar: a) Las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los Estados litigantes.
b) La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho.
c) Los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas.
d) Las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas de derecho sin perjuicio de lo dispuesto en el art.59 2. La presente disposición no restringe la facultad de la corte para decidir un litigio ex aequo el bono si las partes así lo convienen.
No obstante, las fuentes, en el sentido estricto de la palabra, sólo son las conocidas por principales o primarias, y que la referencia del art.38 a la jurisprudencia y doctrina científica no está hecha en el sentido de que ellas sean capaces de crear, modificar o extinguir una norma jurídica, sino, simplemente, la de cumplir una misión estrictamente auxiliar de ayudar al Juez y al intérprete a determinar el exacto contenido de las normas jurídicas, principalmente la costumbre los principios generales del derecho, o bien a interpretar estos últimos los tratados internacionales.
Quedé con ello bien sentado que la jurisprudencia y la doctrina científica no son verdaderas fuentes de producción de normas.
El contenido del art 38 se elabora en 1919, con anterioridad al texto de la ONU (1945). Este articulo pasa tal cual, sin ser modificado. Hasta tiempos relativamente recientes, el Estatuto del TIJ ha sido tenido como una disposición de carácter general en la que se fijaban las fuentes del Derecho Internacional Público.
Hoy en día el texto sigue teniendo el mismo valor, pero ya no es sostenible su importancia en la fijación de los tipos normativos por razón de la evolución registrada en el sistema de fuentes. No se contempla en él la acción normativa de las Organizaciones Internacionales, ni los efectos jurídicos de los actos unilaterales de los Estados que, aún siendo muy discutible su conceptuación como fuente del Derecho, en determinadas circunstancias pueden ser determinantes para resolver un litigio, dado que pueden crear obligaciones para el Estado autor de dicho acto.
En la época en la que se redacta los tipos normativos existentes sí eran esos mismos, pero hoy el cuadro es más amplio al comprender las disposiciones emanadas de Organizaciones Internacionales, cuya importancia ha surgido después.
No puede considerarse que el art. 38 establezca las fuentes del Derecho Internacional Público, sino cuál es el derecho que el Tribunal debe aplicar para resolver los litigios que le sean sometidos. En este sentido, el nº2 del precepto no contiene, propiamente, la enunciación de una fuente de Derecho, sino que recoge un procedimiento específico de actuación del Tribunal.
Las fuentes se presentan por tanto en el nº1. (Si la controversia es resuelta por otro órgano habrá que ver cuáles son las fuentes que debe aplicar éste en su labor).
El orden en que se enuncian los distintos elementos normativos que el Tribunal debe aplicar no implica un orden de prelación o jerarquía sino simplemente un orden enumerativo. Por ello no utiliza numerales de uno a cuatro sino relación alfabética de a) a d).
La doctrina es prácticamente unánime en considerar que las distintas fuentes tienen entre sí el mismo rango normativo y valor derogatorio. Es decir, la costumbre no prevalece sobre el tratado y a la inversa; al contrario de lo que ocurre, por cierto, en los ordenamientos internos, que establecen en general la primacía de la ley o norma escrita.
Primacía y derogación entre las fuentes (comprobar igualdad aparece anterior).
Una última interrogante principal plantea el art. 38 del estatuto del tribunal internacional de justicia examinado. Me refiero así el orden denominación supone un o una jerarquía entre las fuentes o, dicho en otros términos, se lo puede de preferir un tratado uno costumbre o está a un principio General del derecho.
La cuestión se plantea también la mayoría de los ordenamientos internos: pero en estos se establece generalmente una primacía favor de la ley.
El derecho internacional, por el contrario, no creo pueda mantenerse la existencia a priori de una jerarquía entre las fuentes. Varias razones avalan nuestra afirmación: - El proyecto del art. 38 del estatuto de el tribunal permanente de justicia internacional (T.P.J.I) figuraba que la aplicación había de hacerse por “orden sucesivo”. Asamblea General de la sociedad de naciones decidió suprimir este inciso por considerarlo innecesario.
- En el artículo de referencia se hace una enumeración con las letras a, B y C y no se utilizan los ordinal es, que hubieran supuesto un criterio claramente jerárquico.
- La doctrina es prácticamente unánime en considerar que las distintas fuentes tienen entre sí el mismo rango normativo y Valor derogatorio. Es decir, la costumbre no prevalece sobre el tratado y a la inversa; lo que no ocurre, por cierto, en los ordenamientos internos, que establecen en General la primacía de la ley o norma escrita.
Por tanto, en caso de conflicto entre fuentes, los criterios de primacía y derogación son los generales.
En primer lugar, una norma posterior de contenido contrario deroga a una anterior de idéntico rango, excepción hecha de las normas de ius cogens que prevalecen sobre cualesquiera otras según reza el art. 53 del convenio de Viena sobre derecho de los tratados.
Por ejemplo: una costumbre o tratado General posterior de contenido contrario deroga una costumbre o tratado General anterior.
En segundo lugar, una norma especial o particular prima (en derogarla) sobre una norma General.
Así pues, los tratados que contiene normalmente reglas particulares porque obligan a un número limitado o menor de sujetos, priman por esta razón sobre las costumbres generales.
Lo mismo ocurre con las costumbres particulares, sean regionales o locales, que prevalecen siempre sobre las costumbres generales.
Por último, la igualdad de rango es acorde con la práctica judicial, con la propia estructura descentralizada del derecho internacional, sí se la compara con los ordenamientos internos y con su evidente falta de formalismo en la creación y aplicación de las normas.
2. LAS INTERACCIONES NORMATIVAS (apuntes) Hay que mencionar dos cuestiones, relacionadas entre sí, pero distintas: las interacciones normativas y las relaciones internormativas.
Las interacciones normativas se refieren a las relaciones que se producen entre las fuentes formales del ordenamiento. Las relaciones internormativas se refieren a las relaciones entre las normas.
Vamos a ocuparnos en este apartado de las interacciones normativas.
En Derecho Internacional Público no hay prelación de fuentes pero si puede haber prelación de normas. La horizontalidad de las fuentes formales se mantiene, pero queda matizada por la posibilidad de que con independencia del tipo normativo, unas normas primen sobre otras. Es el caso de las normas del ius cogens, que son superiores a las demás.
Por ejemplo, la Carta de las Naciones Unidas no prevalece sobre la costumbre internacional, porque en aquellos países en los que no ha sido firmada no puede ser aplicada.
Al no haber prelación de fuentes estas pueden interactuar entre sí y hacer que de este modo se modifique el ordenamiento, aparezcan nuevas normas o desaparezcan otras. Puede que a partir de un tratado se cree una costumbre o viceversa, etc.
Otra consecuencia de la inexistencia de prelación de fuentes es que una misma norma se puede encontrar recogida en varias fuentes.
Puede que una norma contenida en un tratado acabe obligando a más gente que a las partes firmantes, porque se ha utilizado también por Estados que no eran parte en el tratado y se ha convertido en costumbre.
Para determinados Estados esa norma forma parte de un Tratado Internacional y quedan vinculados por él, pero hay otro número de Estados que están vinculados con esa norma porque se han comportado de manera continuada conforme a esa práctica. Quedan así vinculados, no por el tratado, sino por la costumbre.
Puede darse la situación inversa, que exista una costumbre previa, cuyas normas no se han recogido nunca en un tratado.
Puede que esas normas se acaben recogiendo en un tratado. Los Estados que firmen el tratado se verán vinculados por éste, mientras que aquellos Estados que aunque se comportaban conforme a esa costumbre, no hayan firmado el tratado, seguirán estando vinculados por la costumbre internacional.
Las interacciones normativas no implican la derogación de ninguna norma. Es válido tanto lo contenido en el tratado como lo contenido en la costumbre. Hay que ver cuando se aplica el tratado y cuando la costumbre.
Si una norma consuetudinaria pasa a ser tratado, pero no todos los estados la ratifican, no deja de obligar a los que no han firmado, porque en estos Estados se aplicará la costumbre.
En Derecho Internacional, por el juego de estas interacciones, no se produce petrificación del ordenamiento cuando este se codifica.
Una repetición de hechos de manera generalizada por todos los Estados, convencidos de la obligatoriedad de lo que hacen, puede establecerse por escrito y modificar la norma escrita anterior.
Algunas de las normas internacionales pueden tener naturaleza múltiple, estar contenidas en varias fuentes del derecho.
Por ejemplo la prohibición de la amenaza del uso de la fuerza tiene una naturaleza triple: está contenida en un tratado, se ha generado también una costumbre y se puede decir que también es un principio general del derecho.
Esto puede ser un problema a la hora de saber qué fuente aplicar, pero puede ayudar en otras ocasiones, por ejemplo, si un Estado no está sometido a un Tratado Internacional se puede aplicar la costumbre internacional, que es más fácil que todos los Estados que forman parte del litigio estén sometidos a ella.
3. LAS RELACIONES INTERNORMATIVAS Las relaciones internormativas se refieren a las relaciones entre las normas. Como no hay prelación de fuentes se podrá buscar la norma aplicable en cualquiera de las fuentes, pero se trata de buscar la norma que obliga a todas las partes en la relación jurídica, que es aquella contenida en una fuente del derecho aceptada por todas ellas.
A su vez, tradicionalmente, en las relaciones entre normas se han aplicado dos principios: temporalidad y especialidad. Pero esto no implica que la norma posterior derogue a la anterior, ni la particular a la general.
En general las relaciones entre normas en Derecho Internacional Público son de aplicabilidad.
(En derecho interno la relación es de validez).
En las relaciones de aplicabilidad, en un caso determinado de contradicción entre normas, se aplica una norma con preferencia a otra pero la que no se aplica no es derogada, y puede ser aplicada en otra situación.
Por tanto, a la hora de saber que norma debemos aplicar, tenemos que tener en cuenta: 1º. Que obligue a todas las partes 2º. Principios de temporalidad y especialidad.
En los últimos años ha aparecido un criterio de validez y de aplicabilidad nuevo. El criterio de validez surge entre normas ordinarias y normas de ius cogens.
Cuando es aplicable en la controversia una norma de ius cogens, si una norma ordinaria contradice a la de ius cogens (que puede contenerse en cualquier fuente del ordenamiento) la ordinaria queda derogada, sea anterior, posterior, general o particular.
El problema surge cuando entran en contradicción dos normas de ius cogens. Se trata de un caso limite, pero que en la práctica sí que se da, y hay que buscarle solución jurídica.
Por ejemplo entre: la norma que prohíbe el uso de la amenaza de la fuerza y una norma que contiene derechos fundamentales; ambas de ius cogens. ¿Qué ocurre cuando entran en contradicción? Este problema tiene que ver con la intervención humanitaria, con situaciones internas de un Estado en las que las autoridades de éste vulneran de manera grave los derechos fundamentales de una población.
¿Puede cualquier otro Estado por su cuenta acudir a la guerra lícitamente para terminar con esa situación? La doctrina sobre la solución está muy dividida. Unos son partidarios de la prevalencia de la estabilidad, y otros de la prevalencia de la dignidad humana.
Una norma de ius cogens solo se deroga por otra posterior contraria a ella que verse sobre la misma materia.
Pero estas normas no versan sobre la misma materia, por lo que no puede haber entre ellas una relación de validez que anule una de ellas. Existiría entre ellas una relación aplicabilidad, en la que en caso concreto se determine cuál de las dos normas debe prevalecer sobre la otra, sin que ninguna sea derogada.
Otro ejemplo de contradicción entre dos normas de ius cogens sería el existente entre las nomas de: la libre determinación de los pueblos y la de la integridad territorial de los Estados, ambas de ius cogens, nadie lo niega.
El derecho de libre determinación de los pueblos o derecho de autodeterminación es el derecho de un pueblo a decidir sus propias formas de gobierno, perseguir su desarrollo económico, social y cultural y estructurarse libremente, sin injerencias externas y de acuerdo con el principio de igualdad.
Por lo tanto, un pueblo puede quedarse en el Estado al que pertenece, unirse a otro o crear un Estado nuevo.
Estas dos últimas soluciones afectan a la integridad territorial, que es un principio de Derecho internacional que evoca el derecho y deber inalienable de un Estado de preservar sus fronteras de toda influencia exterior.
Implica, por lo tanto, que los Estados no deben promover movimientos secesionistas o cambios en las fronteras de otros, cambios que se consideran actos de agresión.
En este caso, ¿cuál de las dos normas de ius cogens prevalece? Según a quién se pregunte se obtendrán respuestas distintas. En el caso de Estados coloniales prevalece el derecho a la libre determinación, aunque la norma de la integridad no se anula.
En Estados no coloniales prevalece el principio de la integridad territorial, pero existen excepciones. Se trata de relaciones de aplicabilidad, una norma se aplica y la otra no, pero ninguna queda anulada.
Otro supuesto de relaciones internormativas procede de las obligaciones erga omnes, que están establecidas para el conjunto de la sociedad internacional, y por ello cualquier Estado puede exigir su cumplimiento.
Las obligaciones proceden de normas jurídicas. Si una norma establece obligaciones ordinarias, y otra obligaciones erga omnes, debe prevalecer la norma de la que derivan obligaciones erga omnes, sea general o particular, anterior o posterior.
Todo esto en base a la regla de la aplicabilidad, por lo que la norma que contiene obligaciones ordinarias no queda anulada por la norma que contiene obligaciones erga omnes.
(En estos ejemplos que hemos visto no se aplican los principios de especialidad y temporalidad).
4. LA CODIFICACIÓN Y EL DESARROLLO PROGRESIVO DEL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
A. La comisión de derecho internacional (C.D. I) El Derecho Internacional se ha caracterizado siempre por un conjunto de normas no escritas muy numeroso, lo que dificulta su conocimiento. Por esta razón y con la finalidad de propiciar seguridad jurídica, surgen los conceptos de codificación y desarrollo progresivo.
La Comisión de Derecho Internacional (CDI) es un órgano técnico codificador que, bajo la autoridad y el control de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, se dedica a la labor de codificación y desarrollo progresivo del Derecho Internacional.
La creó la propia Asamblea General por Resolución 174 (II), de 21 de noviembre de 1947, que incluía en un anexo su Estatuto. El art. 1.1º. fija como función y objetivo de la CDI <<impulsar el desarrollo progresivo del derecho internacional y su codificación>>.
El art.15 del Estatuto distingue entre: Desarrollo progresivo del Derecho Internacional: expresión utilizada para designar la elaboración de proyectos de convenciones sobre temas que no hayan sido regulados todavía por el derecho internacional o respecto a los cuales los Estados no hayan aplicado, en la práctica, normas suficientemente desarrolladas. (Implica hacer alguna innovación en el ordenamiento y hacer que adquiera carácter general).
Codificación del derecho internacional: expresión usada para designar la más precisa formulación y sistematización de las normas de derecho internacional en materias en las que ya existía práctica de los Estados, así como precedentes y doctrinas.
(Recoger por escrito normas que ya existían previamente. No implica ninguna innovación en el ordenamiento jurídico).
El art. 16 del Estatuto reserva la iniciativa del <<desarrollo progresivo>> a la Asamblea General, mientras que el art. 18 atribuye la codificación a la misma CDI, entendiéndose que la primera tarea atiende más a factores políticos, y la segunda a factores científicos y técnicos.
Pero lo cierto es que tanto la AG como la CDI fueron incapaces de mantener en la práctica la distinción entre ambas tareas, y la CDI terminó elaborando un procedimiento único de trabajo que, aunque basado en el Estatuto, no toma en cuenta las diferencias formales que el Estatuto establece para ambos supuestos, ya que todos los procesos codificadores contienen elementos de “codificación” y de “desarrollo progresivo”.
Dicho procedimiento único consiste en lo siguiente: la AG recomienda el estudio de un tema a la CDI, que designa a uno de sus miembros como ponente, establece un plan de trabajo y remite cuestionarios a los gobiernos para obtener información sobre la práctica estatal en la materia.
El ponente prepara una serie de anteproyectos de artículos para que se debatan en el seno de la CDI y si el procedimiento avanza satisfactoriamente se invita de nuevo a los gobiernos para que presenten observaciones.
El ponente revisa entonces los textos acordados a la luz de esas observaciones, presentando proyectos más perfilados para debate, revisión y aprobación definitiva por la CDI.
La labor culmina mediante el envío y sometimiento a la AG de un proyecto único que regula el régimen de alguna institución o conjunto de instituciones. La AG resuelve habitualmente convocar una conferencia diplomática para la negociación y adopción en su caso de una convención internacional en la materia.
Los Estados aún deberán manifestar su consentimiento en obligarse por ella antes de que entre en vigor.
Así, de esta forma, se ha logrado codificar principalmente, entre otras materias, el derecho diplomático y consular, el derecho de los tratados y el derecho del mar.
B. Nuevos procedimientos y crisis del proceso codificador La decisión histórica de la AG de poner en manos de la denominada Comisión de Fondos Marinos la preparación de la Tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar constituyó sin duda el origen de la crisis del método codificador tradicional tal y como acaba de ser expuesto.
A pesar del fracaso de su trabajo, todas las novedades que introdujo la Comisión de Fondos Marinos respecto del procedimiento tradicional de la CDI se han incorporado mal que bien a dicho procedimiento, desnaturalizándolo al tiempo que provocando la aparición de nuevos procedimientos de codificación y sobre todo de desarrollo progresivo del Derecho Internacional paralelos al procedimiento característico de la CDI.
En cuanto a la desnaturalización del procedimiento tradicional, debe advertirse que ha aumentado excesivamente el número de miembros de la CDI, lo que dificulta el debate en profundidad, la presentación de textos alternativos y el intercambio de ideas que distinguieron habitualmente sus trabajos.
La minoría se ha protegido frente a la presencia de una mayoría mecánica recurriendo al consenso, práctica que retrasa y casi paraliza los debates con la búsqueda de textos que no generen ninguna oposición importante.
Además se han introducido en el programa de trabajo de la CDI materias de marcado tono político y difícil solución codificadora.
En cuanto a los nuevos procedimientos de codificación, se desarrollan en general mediante una primera fase en el marco de una comisión de la AG, compuesta siempre por representantes gubernamentales, y una segunda fase que llega hasta la adopción definitiva de la Convención en la misma AG o en una conferencia diplomática convocada al efecto.
Una fase intermedia, pero a veces única, la constituye la adopción de resoluciones de la AG que contienen declaraciones de principios que posteriormente se incluyen y precisan en una convención. Así ha ocurrido por ejemplo: con la codificación del derecho del espacio.
Nadie duda acerca del Valor permanente que posee el proceso metódico de codificación y desarrollo progresivo del derecho internacional que lleva a cabo la comisión de derecho internacional, un excelente instrumento para superar las incertidumbres, el escaso desarrollo o los cambios sobrevenidos en algunos sectores del ordenamiento internacional.
Pero la CDI es consciente de que debe hacer frente ineludiblemente a dos grandes retos.
El primero es el riesgo de fragmentación del Derecho Internacional a causa de la tendencia a regionalizar e incluso bilateralizar un número cada vez mayor de materias, como la protección del medio ambiente o la protección de las inversiones…riego que la Comisión puede contribuir a contrarrestar.
El segundo reto es la imperiosa introducción de cambios en sus métodos de trabajo que agilicen y hagan más eficiente el proceso codificador.
El fenómeno de la codificación y desarrollo progresivo del DI utilizan como instrumento al Tratado Internacional, por eso se habla de Tratados codificadores.
Un tratado puede tener tres tipos de efectos: declarativo, cristalizador o generador.
Efecto declarativo: se refiere al supuesto de una costumbre ya existente que es recogida y declarada en un convenio codificador de ámbito multilateral, con efecto general de precisarla y sistematizarla por escrito. Tras la entrada en vigor del tratado, un determinado contenido de conducta rige simultáneamente en el plano convencional (para los Estados parte en el tratado) y en el plano consuetudinario (para los Estados que han seguido cierta práctica concordante con ese contenido de conducta).
Efecto cristalizador: se distingue por la existencia de una norma consuetudinaria en vías de formación que logra cristalizar formalmente en virtud de un acto suficientemente relevante, como por ejemplo, la adopción de un tratado multilateral que recoja el mismo contenido de conducta. La norma así cristalizada obliga en el plano consuetudinario a todos los Estados que no se hayan opuesto expresamente a la misma, y en el plano convencional a todos los Estados parte en el tratado.
Efecto generador: se caracteriza porque ciertas disposiciones de un tratado se convierten en modelo de la conducta subsiguiente de los Estados en el plano consuetudinario, dando lugar a una norma de DI consuetudinario si la práctica posterior es suficientemente constante y uniforme.
En el primero de los casos se trata de codificación, mientras que en los otros dos, si se consigue la generalización de una práctica, se habrá conseguido el objetivo del desarrollo progresivo.
Es evidente que la interacción entre costumbre y tratado puede conducir a la existencia paralela de reglas de contenido idéntico pero de distinta naturaleza normativa (consuetudinaria y convencional: como es el caso de la frontera terrestre y marítima entre Camerún y Nigeria. La regla es, tal y como lo ha recordado el tribunal internacional de justicia en su sentencia en el caso de las actividades militares y paramilitares en y contra Nicaragua, que ambas normas conservan una existencia propia y autónoma al objeto de su aplicación, sin que quepa ninguna confusión entre ellas.
Algunos procedimientos codificadores: Se han llevado a cabo diversos intentos de codificación privada, cuyo valor depende del prestigio del órgano que los elabora.
Por ejemplo, el Instituto de Derecho Internacional es una organización privada destinada al estudio y desarrollo del Derecho internacional. En 1874 tiene lugar la primera sesión, en Ginebra (Suiza), actual sede.
Los miembros, invitados por la organización, son personas que han demostrado un trabajo académico notable en el área del Derecho internacional, y está restringido a aquellos que se consideran libres de presiones políticas.
La intención de la organización es tener miembros distribuidos por todo el mundo; están representados más de 100 países diferentes. Algunos de sus miembros son jueces en el Tribunal Penal Internacional.
El instituto organiza congresos bianuales para estudiar el Derecho internacional existente en aquel momento, y se proponen modificaciones allí donde lo consideren. Sus recomendaciones afectan las áreas de los derechos humanos, y las resoluciones pacíficas de conflictos, y siempre bajo la supremacía de la justicia y de la humanidad.
La organización todavía se mantiene activa. Alguna de las resoluciones más recientes son por ejemplo las recomendaciones sobre inmunidad hacia la persecución a los jefes de estado, y la responsabilidad de los gobiernos en los daños al medio ambiente de impacto internacional.
Aunque no tienen poder decisivo sobre los gobiernos, ya que se trata de una organización privada, sus recomendaciones se toman con mucho respeto, y a menudo se incluyen en los cuerpos normativos de los tratados internacionales.
Existe un órgano subsidiario, la Comisión de Derecho Internacional. Una de las funciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, como hemos visto antes,es promover el proceso codificador, reflejando normas escritas que antes no lo estaban, además de elaborar convenciones, como las Convenciones de Viena.
También el Comité Internacional de la Cruz Roja ha codificado, sobre todo en materias de Dº humanitario bélico.
El CICR es una organización imparcial, neutral e independiente, que tiene la misión exclusivamente humanitaria de proteger la vida y la dignidad de las víctimas de la guerra y de la violencia interna, así como de prestarles asistencia. La sede del CICR se encuentra en la ciudad suiza de Ginebra.
Los Convenios de Ginebra son el intento de normalizar el Derecho Internacional Humanitario.
Son el resultado de los esfuerzos de Jean Henri Dunant, creador de la Cruz Roja. Están formadas por una serie de tratados internacionales firmados en Ginebra, Suiza, entre 1864 y 1949 con el propósito de minimizar los efectos de la guerra sobre soldados y civiles.
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