3.3. El ejercicio de la profesión periodística + Personas públicas y privadas (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad Autónoma de Barcelona (UAB)
Grado Periodismo - 2º curso
Asignatura Deontologia periodística i llibertat d'expressió
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 09/04/2016
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Deontología Marina Delgado TEMA3(3): EL EJERCICIO DE LA PROFESIÓN PERIODÍSTICA 1. LOS ESTATUTOS PROFESIONALES Son aquellos que intenten regular un sector de la actividad laboral/profesional.
Los estatutos profesionales son leyes que se ocupan exclusivamente del personal de determinada actividad, arte, oficio o profesión.
Se trata de un conjunto de normas que regulan las relaciones laborales que caracterizan cada arte, oficio o profesión y contiene mecanismos deontológicos.
Su existencia se justifica en el hecho que ciertas actividades empresarias o categorías de trabajadores exceden la normativa general.
2. FUNCIÓN DEL PERIODISMO La única función que tiene el periodismo es la creación de opinión pública Sociedad Información veraz Periodistas  LA STHED CONTRA HUNGRÍA (14 julio 2009) La Unión Húngara de Derechos civiles solicitaba acceso a la documentación del recurso de inconstitucionalidad contra una ley de reforma del Código Penal sobre delitos de narcotráfico interpuesto por un parlamentario y el gobierno húngaro le denegó.
El TEDH considera que el Estado tenía la obligación de no impedir el flujo de la información solicitada por la demandante. Estas barreras al acceso a la información pública “pueden desanimar a los que trabajan en los medios de comunicación o campos relacionados de perseguir estos asuntos” impidiendo su posibilidad de ser “Perros guardianes públicos” limitando su capacidad de informar.
Deontología Marina Delgado  La STHED del 25 JUNIO 2013 Resuelve en contra de la reiterada negativa de la agencia de inteligencia serbia de proporcionar información relacionada con la vigilancia electrónica El TEDH se posiciona a favor de la ONG Youth Initiative for Human Rights, confirmando así la decisión vinculante que previamente había tomado el Comisionado para la Información de Serbia sobre este mismo asunto.
El Tribunal no solo reconoce el derecho a la información de poderes y administraciones públicas como un derecho fundamental, sino que va más allá y establece la presunción de que toda la información en manos de las instituciones públicas es pública y no solo tiene que estar limitada por un sistema restringido de excepciones El acceso a la información pública es esencial para el control público por ONG’s que hacen un papel similar al de la prensa.
3. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL PERIODISTA En España  no contamos con ninguna norma jurídica específica que regule este estatuto. Se encuentra disperso en la CE, la ley y la jurisprudencia del TC y el TEDH NO En Europa  hay cierta tradición de regulaciones SÍ Francesa (1935) Italiana (1963) Portuguesa (1999) 1) Garantía del ejercicio (cláusula de conciencia y secreto profesional 2) Medida de su responsabilidad (diligencia) Un estatuto jurídico no deja de ser un conjunto de normas deontológicas. Hay normas de autorregulación del colectivo.
Los periodistas en España no tenemos estatuto porque sería coartar su libertad y su trabajo.
El estatuto tiene un carácter objetivo  sus garantías no se otorgan a quien lo ejerce, sino a la actividad de informar.
Art.20 no se refiere a los periodistas solamente.
Deontología Marina Delgado Algunos autores y los periodistas, piden que el ejercicio del periodismo se someta a dos criterios formales: a) Titulación b) Colegiación obligatoria Esto iría en contra del carácter liberal de la actividad, muy vinculada a la ciudadanía y democracia, hasta en el marco de la explosión comunicativa de Internet Todo esto se discutió una proposición de Leyes a las Cortes Generales (IU) hace unos 10 años.
La proposición intentó luchar contra el intrusismo profesional resucitando el carnet de prensa, regulando la cláusula de conciencia, el secreto profesional y apostando por la creación de Consejos de información autonómicos y un estatal como máximos garantes de la profesión.
En España hemos tenido precedentes históricos La tarjeta de identidad del periodista (1924) El registro oficial de Periodistas (1951) El Estatuto de la Profesión Periodística (1964 y 67) El Art20. CE suprimió de facto este sistema y ya no es necesaria la inscripción en el registro que gestiona FAPE, que tiene carácter privado Todos los sistemas de colegiación autonómicos son de adscripción voluntaria (La Ley 22/1985 de Cataluña establecía titulación y colegiación obligatoria para ejercer, pero fue modificada por recurso delante del TC del Defensor del pueblo).
4. LA PROHIBICIÓN DE CENSURA PREVIA Origen histórico y contexto europeo Desde la aparición de la imprenta (s.XV)  lo ejercía el Estado y la Iglesia Católica, es decir, hay bastante CONTROL Ley de Prensa sueca de 1776 y Constitución de Francia de 1791, primeras normas que prohíben la censura previa  El poder intenta evitar que la gente sepa y conozca Ahora está regulado en el Art20 de la constitución  El ejercicio de estos derechos no puede someterse a ningún tipo de censura previa” Desde la Constitución de Cádiz (1812) todas las Constituciones españolas recogieron la prohibición de censura previa - Aunque la realidad no siempre acompañó a los pronunciamientos constitucionales.
Es la influencia de la INQUISICIÓN Deontología Marina Delgado Todas las constituciones europeas recogen la prohibición de censura previa Excepto: o Reino Unido, Irlanda, Malta o Francia, Chipre y Hungría El CEDH y la CDFUE no contienen referencias expresas, sino que al contrario, se reservan la posibilidad las mesuras internas en términos de incontabilidad con el derecho a la información.
Art20.2 CE  El ejercicio de estos derechos no puede someter ningún tipo de censura previa En el contexto europeo: Constitución Italia. Art21 Ley Fundamental del Bonn. Art.5 Prohíben la censura previa  JURISPRUDENCIA DEL TC ESPAÑOL Huye del concepto amplio de censura: solamente lo es el examen previo que puedan realizar los poderes públicos, de acuerdo con unos valores abstractos y restrictivos de libertad, de tal forma que se otorgue un “plácet” a la publicación de la obra que se acomode a ellos a juicio del censor y se le niegue en el caso contrario.
Siempre cualquier medida previa, no a posteriori No es censura: Denegar acceso al servicio público de Correos revistas pornográficas, la censura interna de la empresa periodística, la actividad privada de autorregulación de los medios, ni el derecho de veto de los directores de diarios.
Medidas cautelares de un juez en el marco de un proceso penal.
La censura funciona también delante del legislador El impacto restrictivo que produce una sanción penal El efecto de desánimo (CHILLING EFFECT) sobre el ejercicio de derechos constitucionales, es un concepto de la jurisprudencia norteamericana, importado en diversas ocasiones por el TEDH.
En 1963 fue su aparición en una sentencia del Tribunal Supremo de Estados Unidos.
“La verdadera esencia del efecto desánimo (Chilling Effect) es un acto de disuasión (Deterrence).
Se relaciona con… La primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos o El congreso no podrá hacer ninguna ley respecto al establecimiento de la religión, ni prohibiendo la libre práctica de la misma, ni limitando la libertad de expresión, ni de prensa, ni el derecho a la asamblea pacífica de las personas, ni de solicitar al gobierno una compensación de agravios.
Deontología Marina Delgado El TEDH también ha usado la expresión “desánimo” para referirse a los efectos de ciertas políticas públicas: “Se tienen que evitar los ciudadanos que desanimen por el temor de sanciones penales o de otra naturaleza, y desisten de opinar sobre estos problemas” (Asunto Barford, TEDH, STC 22 febrero 1989) [ 4.1. LA SENTENCIA DEL TEDH 23 DE ABRIL DE 2013 “CASTELLS VS ESPAÑA”.
En el caso “Castells” le dijo al Estado Español que el sistema punitivo es el último recurso y tiene que ser extremadamente moderado por no perjudicar la crítica política.
Castells fue condenado por el Supremo el 31 de octubre de 1983 como autor de un delito de injurias al Gobierno, cometido a través de un artículo titulado insultando impunidad, publicado en junio de 1979 por la revista Punt i Hora de Esukal Herria, durante la etapa en que era senador.
Castells se refería a diversos asesinatos de vascos atribuidos a elementos fascistas y concluía afirmando que detrás de estas acciones solamente puede estar el gobierno, el partido de éste y sus efectivos.
El TC, donde Castells recurrió en empara, desestimó su demanda el 10 de abril de 1985.
Entre otros razonamientos, la sentencia de la cual Luis Díez Picasso era ponente, afirmaba que la libertad de información y la crítica política encuentran un límite indiscutible en la seguridad exterior e interior del Estado, que puede ponerse en riesgo cuando se produce una destrucción del prestigio de las instituciones democráticas - Referencia al CEDH RESULTADO  Interpretando esto último en el sentido de connivencia con los culpables, se atribuyó la responsabilidad “de estas acciones” al Gobierno y a los partidarios del mismo. Sin duda, se trataba de graves acusaciones. Pero, al expresarlas, el demandante no hacía otra cosa que ejercer legítimamente su derecho de libertad de expresión y de opinión. Este derecho ha sido violado en el caso enjuiciado en la mesura que el señor Castells fue procesado y condenado por haber escrito y publicado a los que pensaba en relación en cuestión de interés público  en una sociedad democrática “no es admisible que se pueda sancionar por esto” 4.2. DEPOSITO ADMINISTRATIVO Forma de censura encubierta, por el cual se obliga a depositar delante de la Administración (lo que no implica necesariamente control) antes de la publicación cualquier tipo de escrito, emisión o manifestación formal del derecho a la información y la libertad de expresión (tiene efectos limitadores) La STC 52/1983 del 17 de junio, FJ7 anuló los art.12 (depósito previo) y 64.2.a) de la Ley de Prensa 14/1966 y el Derecho catalán 11/1982, en virtud de la disposición derogatoria nº3 de la CE 1978: Deontología Marina Delgado Se tienen que entender por CENSURA PREVIA cualquier medida limitadora de la elaboración o difusión de una obra del espíritu, especialmente al hacerlas dependerá del previo examen oficial de su contenido, siendo así parece prudente estimar que la Constitución, precisamente por el terminante de su expresión, dispone eliminar todos los tipos imaginables de censura previa, incluso los más débiles y sutiles que, como apunta la Abogacía del Estado, tengan por efecto la simple restricción de los derechos de su art.20.1.
Esto desapareció.
5. EL SECUESTRO DE PUBLICACIONES  Según el Art20.
Solamente se puede acordar el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de información en virtud de resolución final.
 Art9. 2b) Sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: La tutela judicial comprende la adopción de todas las medidas necesarias para poner fin a la intromisión ilegítima de que se trate, y en particular, las necesarias para Prevenir intromisiones inminentes o ulteriores.
 Art.823 Ley Juicio Criminal Los jueces, en iniciar el proceso, podrán acordar, según los casos, el secuestro de la publicación o la prohibición de difundir o proyectar el medio a través del cual se produjo la actividad delictiva.
 STC 187/1999 (La Máquina de la Verdad) El secuestro solo se puede adoptar en el curso de un proceso judicial en que se pretendan hacer valer o defender, precisamente, los derechos y bienes jurídicos que sean límite de tales libertades, mediante resolución motivada, aplicando el principio de proporcionalidad y teniendo en cuenta el eventual daño en el honor, intimidad e imagen de las personas implicadas.
5.1. SUSPENSIÓN DE DERECHOS Art. 55.1. CE - - Los derechos reconocidos en los art.20, apartados 1.a) y d) y 5 podrán ser suspendidos cuando sea acordada la declaración del estado de excepción o de asedio en los términos que prevé la Constitución Ley Orgánica 4/1981 del 1 de junio, los estados de alarma, excepción y asedio.
Deontología Marina Delgado 6. INFORMACION SOBRE LAS PERSONAS PÚBLICAS Y PRIVADAS 6.1. LAS PERSONAS PÚBLICAS STC 148/2001, del 27 de junio, afirma que los personajes públicos tienen que soportar, en su condición de tal, lo que en sus actuaciones en el ejercicio de sus cargos y funciones se vean sometidos en el escrutinio de la opinión pública y, en consecuencia, a que no solo se divulgue información sobre lo que digan o hagan en el ejercicio de sus funciones, sino, sobretodo, sobre lo que digan o hagan en el margen de las mismas, siempre que tengan una directa y evidente relación con el ejercicio de sus cargos.
Son personajes públicos las autoridades y funcionarios públicos.
 CONFICTO ENTRE LIBERTAD DE EXPRESION Y DERECHO AL HONOR Las personas públicas están mas sujetas a escrutinio sobre sus vidas y tienen que soportar más en este sentido que el resto.
Esto se nota especialmente en lo que se refiere al derecho al honor, y por eso la jurisprudencia nos dice que aquí se refuerza la prevalencia de la libertad de expresión respecto a este derecho en contextos de contienda política o supuestos de tensión o conflicto laboral, sindical, deportivo, procesal y otros similares.
 EL INTERÉS PÚBLICO COMO CRITERIO Interés público  aquello importante o relevante para la formación de la opinión pública, o que afecta al conjunto de los ciudadanos o la vida económica o política del país Esto no constituye interés público: - Relatar las acciones afectivas de una persona Mostrar el cuerpo de una actriz en top-less ¿Qué pasa con la vida privada de las personas públicas? Hay un giro muy importante después de la STEDH 24 de junio 2004 (Carolina de Mónaco). A partir de este momento, se distingue entre la parte de la vida privada que contribuye el debate histórico y democrático o público, y la parte de ésta que satisface simplemente el “entretenimiento” y el “interés del público” (confirmada en la STEDH 7 febrero 2012, otra vez Carolina de Mónaco).
La STC 176/2013 del 21 de octubre (Imágenes de Álvarez Cascos en Crónicas Marcianas).
- Vulneración de los derechos a la intimidad y a la propia imagen  difusión de imágenes de naturaleza estrictamente en el interior del hotel, captadas mediante teleobjetivos y sin consentimiento de los afectados no emparada por la concurrencia de interés público constitucionalmente prevalente.
Deontología - Marina Delgado Por eso, la captación de imágenes relativas a un personaje público en momentos de su vida de carácter eminentemente particular o privado, comporta la vulneración del derecho aludido, ya que el evento revista interés público o la imagen se haya divulgado sin su consentimiento.
6.2. LAS PERSONAS DE NOTORIEDAD PÚBLICA Personas que por su profesión han adquirido proyección pública Personas que por su vanidad personal han adquirido proyección pública   Personas que por su profesión han adquirido o tienen proyección pública  se les puede aplicar la doctrina para las personas públicas Personas que por su vanidad personal han adquirido proyección pública o Habrá que tener en cuenta el grado de proyección pública que han asumido este tipo de personas y su aceptación pública de la fama para determinar el nivel de eficacia de los derechos de la personalidad enfrente la libertad de información o Art.2.1  La protección civil del honor, intimidad y de la propia imagen queda delimitada por las leyes y por los usos sociales atendiendo al ámbito que, por sus propios actos, mantenga cada persona reservado por sí mismo o su familia (LO 1/1982, del 5 de mayo, sobre protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar de la propia imagen).
6.3. LAS PERSONAS PRIVADAS Las personas privadas no constituyen elementos noticiables en sentido general.
- - Si se han visto involucradas incidentalmente en un hecho de transcendencia pública, tienen derecho a preservar su honor, intimidad e imagen, siempre que no den su consentimiento o su identificación no fuera necesaria para la comprensión de la noticia.
Un hecho penal convierte a una persona privada en noticia (no así a las víctimas que merecen especial protección).
EL HECHO PENAL El TC estimó la existencia de eventos noticiables en los sucesos de relevancia penal y esto con la independencia del carácter del sujeto privado de la persona afectada por la noticia Deontología Marina Delgado ESPECIAL PROTECCIÓN DE LAS VÍCTIMAS La consideración de los sucesos de relevancia penal como los eventos noticiables no puede incluir la individualización directa o indirectamente, de aquellos que son víctimas de los mismos, dado que hayan permitido o facilitado tal conocimiento general.
Esto no se puede emparar en el derecho a la información de las publicaciones que: - Revelan de forma innecesaria aspectos de la vida personal y familiar de una joven agredida sexualmente, y hasta su identidad y circunstancia de su virginidad La publicación de datos sobre un juicio que permiten identificar la víctima (menor de edad) de una agresión sexual a manos de su padre.
7. HECHOS NOTICIABLES Según la STC 28/1996 del 26 de febrero  Forma parte ya del patrimonio jurisprudencial de este Tribunal el criterio que la comunicación que la Constitución protege es la que transmite información veraz relativa a asuntos de interés general o relevancia pública - Tienen que concurrir los dos requisitos: o Que se trate de difundir información sobre un hecho noticioso o noticiable por su interés público o Que la información sobre este hecho sea veraz.
STC 19/2014, del 10 de febrero Procede declarar que si bien es aceptable que el concepto de interés noticiable sea aplicado a los programas de entretenimiento, este carácter del medio o de las imágenes publicadas no permite eludir ni rebajar la exigencia constitucional de relevancia pública de la información que se pretende divulgar al empara de la libertad de información.
De aceptar este razonamiento, la notoriedad pública de determinadas personas (que no siempre es buscada o deseada) otorgaría a los medios de comunicación un poder ilimitado sobre cualquier aspecto de su vida privada, reduciéndolas a la condición de meros objetos de la industria de entretenimiento.
Hasta en supuestos de excepción legal se requiere no solo que las imágenes hayan estado captadas en un acto público o en lugares abiertos al público, sino que concurra un interés público o general legitimador de la noticia ...