practica potestad reglamentaria (2015)

Pràctica Español
Universidad Universidad de Lleida (UdL)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura DERECHO ADMINSITRATIVO I
Profesor S.
Año del apunte 2015
Páginas 5
Fecha de subida 26/10/2017
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Práctica de derecho administrativo 1, relativa a la potestad reglamentaria

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Derecho Administrativo I Curso 2015/2016 Caso práctico nº 5: POTESTAD REGLAMENTARIA En el correspondiente centro directivo de un determinado Ministerio se inicia la tramitación correspondiente para la elaboración de una disposición administrativa de carácter general.
Elaborada la Memoria del Análisis de Impacto Normativo, se solicitan los informes y dictámenes preceptivos, incluido el de la Secretaría General Técnica correspondiente y el del Consejo de Estado. Finalmente se presenta la propuesta a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se eleva al Consejo de Ministros, que aprueba la disposición de carácter general, la cual se publica en el Boletín Oficial del Estado mediante la fórmula de Real Decreto.
Se dicta así el Reglamento de la Ley 0/2015 que desarrolla los principios contenidos en dicha ley, la cual autorizaba al Gobierno para que dictara el Reglamento de referencia.
El Reglamento no se limita a desarrollar los preceptos de la Ley 0/2015, sino que regula aspectos nuevos y entre ellos, crea un tributo. Además, al transcribir un precepto de la ley, pretendiendo aclararlo, altera su texto sin atenerse a su espíritu y letra. Por último, introduce una nueva disposición de carácter sancionador ordenando su aplicación a ciertos hechos acaecidos con anterioridad a su promulgación.
A los cuarenta días de su publicación en el BOE, el Consejo General de la Abogacía interpuso el pertinente recurso contra el mencionado Reglamento.
CUESTIONES Responda estas preguntas atendiendo a las nuevas Leyes 39/2015 y 40/2015. Además, consulte el manual de referencia que utilice habitualmente para responder aquellas preguntas referidas a aspectos no explicados en clase. Puede serle útil también recurrir a la jurisprudencia del Tribunal Supremo para responder las preguntas relativas al alcance de los vicios procedimentales.
Sobre la norma reglamentaria y su naturaleza 1. En el supuesto de hecho, ¿se contempla una delegación legislativa recepticia o una remisión normativa? Razónese la respuesta analizando la diferencias entre una y otra figura.
La delegación recepticia es una delegación legislativa en la que independientemente de los efectos que ésta produce, se otorga rango de Ley a la normativa que se delega a norma por el Gobierno. El legislador expresa así su voluntad de que el contenido de la Ley delegante sea rellenado por la norma de elaboración administrativa, convirtiéndose así dicho Reglamento en contenido de la ley delegante.
La delegación receptiva consiste en confiar al Gobierno la labor de sistematizar y articular en un único texto una pluralidad de leyes que incida sobre el mismo objeto, sin alterar su regulación material. El legislador ha de determinar si dicha delegación supone una mera formulación de un texto único con la pluralidad de leyes existentes, o bien la necesidad de aclarar, regularizar o armonizar los textos legales que han de ser refundidos. Los efectos de esta labor refundida del Gobierno, es que dicho texto refundido adquiere rango de Ley con el fin de que sustituya a las Leyes refundidas, dejando estas de ser directamente aplicables.
Por ultimo la delegación receptiva se agotará con la publicación del texto refundido mediante Decreto Legislativo.
una norma con rango legal en determinados supuestos habilite al poder ejecutivo (Administración) a dictar normas con rango de ley. Estas normas con rango de ley son los decretos legislativos. Hablamos de leyes de bases cuando son textos articulados y ley … cuando es un texto refundido.
La remisión normativa es una técnica de delegación legislativa mediante la cual una ley reenvía a una normación ulterior, que ha de elaborar la Administración, la regulación de ciertos elementos que complementan la ordenación que la propia ley establece.
Por lo tanto, no estamos ante un fenómeno de reenvío material, como en el caso de la delegación recepticia sino un reenvío puramente formal, por lo que la norma reenviante no se apropia del contenido de la reenviada, sino que se limita a disponer que un determinado supuesto de hecho sea regulado por la norma remitida, de cuyo contenido concreto se desentiende. Las normas dictadas por la administración en ejecución de la remisión contenida en una ley tienen el valor de reglamentos. La remisión no se agota como ocurre en la delegación recepticia.
En este supuesto de hecho se contempla una delegación legislativa recepticia porque en dicho Reglamento se incluye el contenido de la Ley 0/2015 y no solo eso, sino que además regula aspectos nuevos y modifica preceptos que se incluían en la Ley.
El la norma que surja resultado de la delegación adquiere el mismo rango que la norma de delegante.
2. ¿Qué clase de reglamento es el Real Decreto del supuesto de hecho? ¿En qué se diferencia de un acto administrativo general? El Real Decreto es el nombre que adquiere un reglamento que emana del gobierno, concretamente tiene potestad el Consejo de Ministros. Es decir los Reales decretos son los reglamentos que aprueba el gobierno a través del Consejo de Ministros.
Por su relación con la ley, es un reglamento ejecutivo que son los que de una forma clara y directa desarrollan y complementan una ley (crea un tributo).
Un acto administrativo es una decisión concreta que toma la Administración en un caso concreto, destinatario concreto. Externamente la forma de un Acto puede ser la misma que la de un Reglamento. Para diferenciarlo de los Reglamentos se sigue en primer lugar el procedimiento por el que se ha elaborado; los reglamentos proceden del ejecutivo mientras que los actos administrativos emanan de un órgano de la Administración. En segundo lugar la vocación que tiene, a quién va dirigido. Se utiliza el criterio ordenamentalista: un Reglamento es una norma que tiene vocación de entrar en el ordenamiento jurídico, innovarlo y permanecer en él, esa vocación no la tiene un acto administrativo. Los reglamentos tienen una vigencia indefinida, en cambio los actos tienen una vigencia temporal. En cuanto a la aplicación los reglamentos son de obligado cumplimiento para todos, incluso sus propios autores, mientras que los actos son de obligado cumplimientos solo a quienes les afecta directamente. Además cabe añadir que un reglamento actúa como matriz de actos administrativos. Los mecanismos de control también son distintos, si un reglamento es ilegal se puede expulsar del ordenamiento o modificar. Es muy alarmante porque va a generar actos que van a ser ilegales.
En atencion a los efectos o proyección de los efectos. Distinguirnos los reglamentos_ - ad intra: son aquellos destinados a regular cuestiones internas, organizativas, domesticas de las adm.
- ad extra: son aquellos reglamentos que regulan cuestión que tienen afectación los derechos e intereses de los ciudadanos.
Sobre el procedimiento de elaboración de reglamentos y el alcance de los vicios procedimentales 3. ¿Cuáles son los principales trámites a seguirse en la elaboración de la norma? ¿De entre ellos, cuál es la diferencia entre el trámite de consulta pública y el trámite de audiencia e información pública? ¿Qué trascendencia tiene su omisión en relación con la validez del Real Decreto? A) En el art. 26 de la ley 40/2015 se establece el procedimiento de elaboración de las normas con rango de Ley y reglamentos. Los principales tramites son: FASE PREVIA -Su redacción estará precedida de cuantos estudios y consultas se estimen convenientes para garantizar el acierto y la legalidad de la norma.
- Durante la instrucción las personas interesadas pueden en cualquier momento realizar alegaciones y aportar documentos o cuales quiera otros elementos de juicio. “Se sustanciará una consulta pública, a través del portal web del departamento competente, con carácter previo a la elaboración del texto”.En un plazo no inferior a 15 días naturales.
BORRADOR - El centro directivo competente elaborará con carácter preceptivo una Memoria del Análisis de Impacto Normativo. Incluirá cualquier otro extremo que pudiera ser relevante a criterio del órgano proponente.
- Uno de los tramites más importantes dentro de esta fase es la “emisión de informes”. Los informes los solicita el órgano encargado de la tramitación y lo solicita al “órgano informante” que es el que elabora el informe. En el plazo de 10 días como norma general.
- Finalizada la instrucción, antes de redactar la propuesta de resolución, los interesados disponen de la posibilidad de consultar las actuaciones realizadas hasta el momento, pudiendo realizar las alegaciones que consideren oportunas. Este es el “trámite de audiencia”.
- Antes de resolver, la administración también puede abrir un “periodo de información” publica que otorga la oportunidad de formular alegaciones a cualquier ciudadano, ya no solo los específicamente interesados. Esta fase se abre con la publicación del anuncio en el Boletín Oficial que corresponda, siendo el plazo como mínimo de 20 días.
El plazo mínimo de esta audiencia e información públicas será de 15 días hábiles, y podrá ser reducido hasta un mínimo de siete días hábiles con razones debidamente motivadas.
FINAL - Cumplidos los trámites anteriores, la propuesta se someterá a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretarios y se elevará al Consejo de Ministros para su aprobación y, en caso de proyectos de ley, su remisión al Congreso de los Diputados o, en su caso, al Senado - El Ministerio de la Presidencia, con el objeto de asegurar la coordinación y la calidad de la actividad normativa del Gobierno analizará, entre otras cosas, la calidad técnica de la propuesta negativa, la necesidad de derogar otras normas, el cumplimiento de los principios y reglas.
La resolución en general se lleva a cabo en un plazo máximo de 3 meses.
B) Ambos son manifestación del principio de participación ciudadana, pretenden abrir a la ciudadania la participación en normas reglamentarias. Son tan importante que el art. 133 de la ley 39/2015 habla de la participación ciudadana en el procedimiento de elaboración de las normas con rango de ley reglamentos. La consulta publica se hará de manera previa a la elaboración del texto, en ella se recabará opinión de los afectados por la norma, es la consulta a organismos “potencialemente afectados”. En cambio en el tramite de audiencia, el centro directivo publica el texto en el portal web correspondiente con objeto de dar a audiencia a los ciudadanos afectados y obtener cuantas aportaciones adicionales pueden hacerse por otras personas. La misma norma preve supuestos en que podrá excepcionarse su celebración, tanto el de consulta como el de audiencia.
C) El trámite de audiencia e información pública sólo podrá omitirse cuando existan graves razones de interés público, que deberán justificarse en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo.
Tampoco será necesario el trámite de consulta pública cuando se trate de un trámite por vía de urgencia. Al establecerse en el art. 26.2 y 26.6 de la ley 40/2015 la consulta pública y audiencia, de incumplirse podría declarase nulo por vicios en el procedimiento, el vicio es normal.
4. La audiencia al Consejo de Estado a que alude el supuesto de hecho ¿es preceptiva o facultativa? ¿Podía el Consejo de Ministros separarse, total o parcialmente, del dictamen del Alto Órgano Consultivo? ¿Qué efecto tendría la omisión de tal audiencia en orden a la validez del Reglamento de referencia? sea obligatorio o no pedir el dictamen. Si es preceptivo es obligatorio pedir al consejo de estado la emisión del dictament. Cuando este idctament no es obligatorio sino como posibilidad, se trata de facultativos.
Vinculante /no vinculante. fuerza que tiene la fuerza del dictamen al tomar la decisión. Si es vinculado el grano quedara vinculado al contenido de este dictamen. Si no es vinculante el orégano podrá separarse del contenido que dice el dictamen. La regla general es que no son preceptivos ni vinculantes a no ser que una norma diga lo contrario.
Al Consejo de Estado se solicitan informes y dictámenes preceptivos, antes de presentar la propuesta de la norma a la Comisión General de Secretarios de Estado y Subsecretario. Por tanto al hablar de dictámenes preceptivos, se trata de una audiencia preceptiva. No es vinculante por lo que el Consejo de Ministros puede separarse total o parcialmente de la decisión del Consejo de Estado.
La omisión del trámite del Consejo de estado puede afectar a la validez del reglamento y puede dar lugar a la ilegalidad o nulidad del reglamento, ya que se trata de un tramite obligatorio, es preceptivo porque lo establece una ley.
Concretamente el art. 22 de la LO 3/1980, de 22 de abril, del Consejo de Estado establece en su artículo 3.3 que: La Comisión Permanente del Consejo de Estado deberá ser consultada en caso de reglamentos o disposiciones de carácter general que se dicten en ejecución de las Leyes, así como sus modificaciones.
Sobre los límites de la potestad reglamentaria.
5. El Reglamento del supuesto de hecho ¿respeta los límites de la potestad reglamentaria de la Administración? No. El Reglamento del supuesto añade un tributo y en el art. 23 “de la potestad reglamentaria” de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, se establece: Los reglamentos no podrán regular materias objeto de reserva de ley, ni infringir normas con dicho rango. Además, sin perjuicio de su función de desarrollo o colaboración con respecto a la ley, no podrán tipificar delitos, faltas o infracciones administrativas, establecer penas o sanciones, así como tributos, cánones u otras cargas o prestaciones personales o patrimoniales de carácter público.
6. ¿Cuáles son las consecuencias, en su caso, de la infracción de los límites de la potestad reglamentaria? Al vulnerar esta potestad reglamentaria se puede declarar la nulidad de pleno derecho (si por ejemplo contradice una norma de rango superior); puede ser no aplicado (si un juez dicta una sentencia en base a la ilegalidad del Reglamento); puede suspenderse su ejecución por vía penal, declararlo ilegal por vía administrativa (directa o indirecta).
Las vías de impugnación de normas reglamentarias 7. ¿Es impugnable el Reglamento en cuestión? En su caso, ¿ante qué jurisdicción? ¿qué clase de recurso es el interpuesto por el Consejo General de la Abogacía y qué efectos produciría su estimación? El recurso, ¿se ha interpuesto en plazo o es extemporáneo? Considero que es impugnable porque no ha seguido el procedimiento que se establece legalmente. Se ha de interponer el recurso ante la jurisdicción Contenciosa-Administrativa. El Consejo General de la Abogacía basará el recurso en la declaración de nulidad del reglamento que, si se estima, se declarará nulo de pleno derecho y dejará de tener efecto.
El recurso se ha interpuesto en plazo porque se hace a los 40 días de publicar el Reglamento en el BOE, existiendo un plazo para los recursos de dos meses después de la publicación oficial.
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