TEMA 10 (2012)

Apunte Español
Universidad Universidad de Burgos
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Internacional Público I
Año del apunte 2012
Páginas 9
Fecha de subida 20/06/2017
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TEMA 10: LAS RELACIONES ENTRE EL DERECHO INTERNACIONAL Y EL DERECHO INTERNO.
La importancia de las relaciones entre el Derecho Internacional y los derechos internos de los Estados radica en el hecho de que la eficacia real del primero depende en muy amplia medida de la fidelidad con que los Derechos nacionales se conformen a las normas internacionales y les den efecto.
Esta importancia a la que nos referimos se ha acrecentado en nuestros días como consecuencia del aumento de las funciones del Derecho Internacional. El Derecho Internacional Contemporáneo ya no tiene únicamente la función clásica de regular las relaciones entre Estados y distribuir las competencias entre ellos, sino que tiende además al desarrollo de los pueblos e individuos, lo cual exige una cooperación en muchas materias que antes asumían exclusivamente los Estados y se regulaban por los Derechos internos.
1. CONCEPCIONES PLURALISTAS Y CONCEPCIONES MONISTAS.
El debate doctrinal entre dualismo y monismo se viene dando desde el año 1899 con una publicación de Triepel.
Dualismo: arranca de dos premisas: la primera es que el Derecho Internacional y el Derecho interno tienen distintas fuentes; la segunda es que regulan relaciones diversas en cuanto que el primero rige las que tienen lugar entre Estados y el segundo las que se desarrollan entre individuos o entre el Estado y sus súbditos. Y la conclusión primordial que de estas premisas obtiene el dualismo es que las normas internacionales son irrelevantes en los ordenamientos internos, necesitando para su aplicación en ellos de un acto especial de recepción. Derecho Internacional y Derechos internos se conciben así como órdenes diversos, separados e independientes.
Monismo: se proclama la unidad esencial de todos los ordenamientos jurídicos y la necesaria conformidad de los Derechos estatales con el Derecho Internacional. Hay que referirse aquí por la fuerza a la concepción normativista de Kelsen, según la cual todas las normas jurídicas derivan su validez y su fuerza obligatoria de otras normas superiores desde el punto de vista jerárquico hasta llegar a la norma fundamental. Y si al principio sostuvo Kelsen que la norma fundamental podía ser colocada bien en el Derecho interno, bien en el internacional, posteriormente entendió que se debía insertar en el Derecho Internacional.
Diremos finalmente que, como intento de superación de estas posturas, aparecieron otras teorías de matiz conciliador, entre las que destacan las llamadas doctrinas coordinadoras, monistas, puesto que su base de partida es la unidad de todos los sistemas normativos. Éstas no hablan de subordinación entre ambos derechos, sino de coordinación entre uno y otro sobre la base de normas superiores.
2. RECEPCIÓN AUTOMÁTICA Y RECEPCIÓN ESPECIAL.
- Recepción especial: los Derechos estatales conciben la incorporación de los tratados previa transformación mediante un acto formal de producción normativa interna (ley, decreto,…).
- Recepción automática: los Derechos estatales conciben la incorporación de los tratados, mediante su recepción inmediata una vez que el tratado es internacionalmente obligatorio, exigiendo eventualmente el acto material de su publicación oficial.
En la adopción de uno u otro régimen influyen factores de distinta naturaleza. Hay factores ideológicos, históricos, políticos,… pero el factor técnicamente más importante estriba en la participación o no de las Cámaras legislativas en la conclusión de los tratados. En los países donde las cámaras legislativas intervienen autorizando la conclusión de los tratados, nada justificaría un régimen de recepción especial.
3. EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL Y EL DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO.
Las disposiciones que hacen referencia a esta cuestión se hallan primordialmente en el Preámbulo y en los arts. 10.2, y 93 a 96 de la Constitución, además de en el art 1.5 del Código Civil. Éstas permiten afirmar que la Constitución de 1978 es la más avanzada de todas las que registra la historia del constitucionalismo español.
En el Preámbulo se recoge un principio general inspirado directamente en el orden jurídico internacional cual es colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la tierra.
El art 10.2 contiene una referencia directa a los principios informadores de los derechos humanos internacionales, constituyendo a la Declaración Universal de Derechos Humanos y a los convenios internacionales sobre la materia.
Los arts. 93 a 96 de la Constitución se encuadran en el capítulo titulado ―De los tratados internacionales‖, que comienza en su art 93 con espíritu modernista mirando al futuro del Derecho Internacional y sus posibilidades de aplicación en nuestro país. Los artículos que le siguen versan respectivamente sobre la forma de celebrar tratados (art 94), sobre la eventual contraposición entre un tratado y la Constitución (art 95) y sobre la eficacia del tratado desde su publicación hasta su denuncia (art 96).
Por su parte, el art 1.5 del Código Civil afirma la eficacia de los tratados internacionales utilizando, todavía, una construcción sintáctica negativa: las normas jurídicas contenidas en los tratados no serán de aplicación directa en España en tanto no hayan pasado a formar parte del ordenamiento interno mediante su publicación íntegra en el Boletín Oficial del Estado.
El cuadro normativo existente en Derecho español en esta cuestión no es, pues, excesivamente amplio ni detallado. Por ello adquiere un papel de primer orden la sistematización e interpretación que se haga del mismo. En este sentido, analizaremos la cuestión partiendo de la distinción entre Derecho internacional general y Derecho Internacional convencional.
A) RECEPCIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN EL ORDENAMIENTO ESPAÑOL a) Derecho Internacional general Como ya es sabido el derecho internacional general lo integran las normas de ese carácter aceptadas como tales en el conjunto de la sociedad internacional. No hay en nuestra Constitución un reconocimiento explícito de la eficacia de este tipo de normas. Ni la costumbre ni los principios generales del derecho se hallan explícitamente mencionados por el texto de 1978.
A pesar de esta falta de tratamiento expreso, la doctrina y la jurisprudencia se inclinan acertadamente hacia una solución positiva en esta cuestión. En primer lugar, considerando la cuestión desde un punto de vista general, porque es evidente que tratándose de normas generalmente aceptadas por la comunidad internacional obligan a España, desde luego en sus relaciones con otros sujetos de Derecho Internacional, y también, en la medida en la que sean aplicables a supuestos planteados en el orden interno si su grado de concreción lo permite.
Pero sobre todo, porque sí hay dos referencias al Derecho Internacional general en el texto constitucional: - En materia de DerechoS Humanos Internacionales encontramos la referencia contenida en el art. 10.2. Puede decirse que no se contempla el valor normativo de esas reglas, pero no hay duda de que las dota de un valor interpretativo.
- En materia de derecho de tratados, el art 96 contiene otra referencia directa a una parte del Derecho Internacional general, donde dice: sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales de DI.
No hay más referencias explícitas en la Constitución, lo cual plantea ciertas lagunas respecto al valor de la costumbre y de los principios generales en otras materias que no sean Derechos Humanos o Derecho de Tratados.
En un resumen final sobre esta cuestión puede decirse que los argumentos a favor de una solución positiva son los siguientes: - El constituyente ha actuado con cautela tratando las cuestiones que parecían más importantes, y que en cierto modo lo siguen siendo (Derechos Humanos y Derecho de Tratados).
- El silencio observado respecto a las restantes materias del DI no debe interpretarse como una exclusión, sino como resultado de una dificultad técnica puntual sentida a la hora de acotar normas no escritas aplicables a otras materias.
- La jurisprudencia contiene reiteradas referencias a los principios de Derecho Internacional generalmente reconocidos. En consecuencia, bastará con acreditar puntualmente la existencia de normas o principios generales de carácter internacional para que sean de aplicación en el ámbito interno por parte de los jueces.
b) Derecho Internacional convencional Nuestra Constitución en los art 93 a 96 establece normas de coordinación para la eficacia del derecho internacional formulado en los tratados suscritos por España.
Parece claro que el constituyente ha tenido en cuenta el Convenio de Viena sobre el derecho de tratados, ya que utiliza los términos de celebración, vigencia, denuncia y modificación de tratados.
Por tanto, el contenido de la normativa constitucional puede estudiarse siguiendo los principales pasos que determinan la vida jurídica de un tratado.
◦ Sobre la celebración se deduce que nuestro sistema distingue entre aquellos tratados como consecuencia de los cuales atribuye a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución, y los demás tratados.
Esta distinción, sin embargo, no se refiere a tratados con Estados, por una parte, y a tratados con Organizaciones Internacionales, por otra, ya que las normas de los artículos siguientes (95 y 96) son también aplicables a los tratados suscritos por España con Organizaciones Internacionales. La distinción se refiere al alcance del tratado y a su contenido en relación con el resto del cuerpo normativo constitucional.
Los arts. 94 y 95 contemplan los requisitos de la prestación del consentimiento por los órganos competentes del Estado. Se trata de fijar con ello las garantías para la eficacia de las normas convencionales en el ámbito interno.
El art 94 distingue dos categorías de tratados según la materia a la que afecten. Por una parte, los de carácter político, los de carácter militar, los de carácter territorial, los referentes a derechos fundamentales, o a obligaciones de la Hacienda Pública y los que requieran una actividad legislativa complementaria.
Estos precisan la previa autorización parlamentaria para que la prestación del consentimiento sea efectiva en el ámbito del derecho interno. El resto de tratados siguen el trámite previsto en el art 94.2 consistente en que el Gobierno puede limitarse a dar cuenta al Congreso y al Senado de sus actos respecto a la prestación del consentimiento.
El art 95 sale al paso de la eventual inconstitucionalidad de un tratado. Antes de la prestación del consentimiento en obligarse por un tratado que contenga disposiciones contrarias a la Constitución será necesaria la oportuna reforma constitucional. A tal efecto, según este artículo, el Gobierno o cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare si existe o no esa contradicción.
◦ Sobre la entrada en vigor y vigencia de los tratados suscritos por España el art 96 es el punto de referencia fundamental para determinar la eficacia de las normas convencionales. En consecuencia, el sistema español establece dos requisitos: 1. La válida celebración, siguiendo el trámite parlamentario que proceda según la clase de tratado y las normas internacionales que obligan a España en cuanto a la celebración de tratados internacionales.
2. Publicación del texto íntegro del tratado.
Ahora bien, en lo que se refiere a la válida celebración, y dentro de ella a la validez de la prestación del consentimiento hay que tener en cuenta que no sólo ha de sujetarse a las normas de Derecho interno en esta materia, sino también a las contenidas en el Derecho de tratados, y por lo tanto, dicha validez se determina también en función de la conformidad en la celebración del tratado a lo dispuesto en estas últimas, contenidas en el Derecho Internacional general y hoy codificadas en su mayor parte por la Convención de Viena de 1969.
Al respecto, las incidencias de modificación, derogación y suspensión o denuncia han sido previstas en el art 96 y deberán seguir el mismo trámite o requisitos que los establecidos para la prestación del consentimiento.
El ámbito del art 96 de la Constitución es, por tanto, mucho más amplio de lo que a primera vista parece y siendo tan amplio su horizonte no es extraño que se observen en él algunas lagunas: - Nada se dice sobre la necesidad de publicación para estas incidencias.
El tema de objeciones y reservas no está contemplado en la Constitución.
En este sentido, los distintos intentos habidos hasta la fecha por crear una ley de tratados no han alcanzado resultados positivos porque los proyectos legislativos han sido demasiado ambiciosos al tratar de abarcar otras cuestiones que no son exactamente connaturales a la coordinación entre el DIP y el Derecho interno.
◦ Fin o terminación de un tratado. El supuesto de denuncia del tratado está previsto por el art 96, y debe seguir los mismos trámites y condicionamientos previstos para la prestación del consentimiento (arts. 93 y 94), según sea la categoría del tratado que se denuncia.
B) POSICIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES EN EL SISTEMA INTERNO DE LS FUENTES DEL DERECHO Esta cuestión no ha sido abordada satisfactoriamente por la Constitución, sin embargo es necesario contar con algunos criterios que resultan de propio teto constitucional:  Según el art 95, la voluntad de incorporar un tratado al Derecho interno ya sea por acto del ejecutivo o del ejecutivo, puede exigir la previa reforma constitucional.
De este modo el tratado será siempre conforme con la Constitución y ésta con el tratado. De aquí resulta que el tratado publicado oficialmente se presume que se sitúa dentro del sistema constitucional y debe ser interpretado de conformidad con la Constitución.
También, en caso de contradicción entre un tratado y la Constitución, el art 95 garantiza la primacía de esta última, aun cuando la declaración de inconstitucionalidad de un tratado internacional que ya se encuentra en vigor para España, pueda llegar a suponer que España haya de hacer frente a reclamaciones por responsabilidad internacional.
 Desde el art 96 resulta que, dado que las leyes no pueden modificar ni derogar las disposiciones contenidas en los tratados incorporados al Derecho interno, es evidente que el tratado no se sitúa en la jerarquía normativa por debajo de la ley sino al contrario, en caso de conflicto debe prevalecer la norma convencional.
 Desde el art 94 respecto a los tratados celebrados sin intervención parlamentaria (os del art 94.2) hay una tendencia a considerar que pueden quedar en situación de no aplicación en caso de conflicto con las leyes orgánicas que precisan una mayoría absoluta de la Cámara. El principio de la separación de poderes y el principio parlamentario contienen argumentos a favor de esta interpretación, de modo que la norma convencional no resulte derogada pero sí reducida a una situación de fuerza pasiva.
En todo caso es necesario un esfuerzo jurisdiccional para seguir perfilando criterios que ayuden a superar la laguna. En este sentido destacamos la STS de 27.2.70 que establece claramente la supremacía de las normas convencionales internacionales sobre el Derecho interno, de modo que en caso de conflicto prevalece la norma de origen internacional.
C) LA PREVISIÓN DEL ARTÍCULO 93 DE LA CONSTITUCIÓN El art 93 es un precepto que se introdujo en previsión de un supuesto: la eventual entrada de España en el sistema de la Comunidad Económica Europea.
Ciertas Organizaciones Internacionales como la CE tienen entre sus competencias la posibilidad de desarrollar funciones que pertenecen al ámbito del Derecho interno.
La penetración de normas creadas desde fuera cobra en este caso una relevancia excepcional porque reduce de alguna manera la función atribuida por la Constitución a los poderes del Estado.
Para el análisis del art 93 podemos seguir el orden que deriva de su propia redacción; consta el precepto de dos partes: en la primera se contempla la celebración de este tipo de tratados y en la segunda su vigencia y aplicación.
En primer término resulta:  Que este procedimiento especial para prestar el consentimiento es aplicable a tratados por los que se atribuya a una Organización o institución Internacional el ejercicio de competencias que por su naturaleza corresponden al Derecho interno.
Según las características de la institución internacional de que se trate se pueden modificar la distribución o el contenido de las competencias.
En consecuencia una vez entrado en vigor el tratado correspondiente, el sistema del derecho comunitario pasa a formar parte del Derecho interno del Estado. Estamos por lo tanto ante una norma de coordinación importante. Importancia que se acredita si se tiene en cuenta que los tratados previstos en el art 93 de la CE se integran en el sistema constitucional de creación normativa e inciden en el sistema interno de aplicación de normas, lo cual justifica la particular consideración que merecieron por el constituyente.
Ello es así porque este tipo de tratados prevén que las instituciones que ellos mismos crean han de producir normas jurídicas derivadas del propio tratado, que se integran directamente en el ordenamiento interno y prevalecen sobre las normas internas, incluso con rango de ley.
Estos tratados constituyen, pues, normas sobre creación jurídica, o lo que se llama fuente de las fuentes del Derecho.
 Que la forma para autorizar el consentimiento del Estado será la aprobación de una ley orgánica específica, lo que implica que la autorización para prestar el consentimiento en obligarse por alguno de estos tratados requerirá mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Es importante señalar que este procedimiento es más exigente en cuanto al respaldo parlamentario que el previsto para los tratados previstos en el art 94 (mayoría simple).
La exigencia de esta mayoría cualificada en el art 93 se justifica en las particulares consecuencias que derivan de estos tratados. Obtenida esta mayoría, prestado el consentimiento y entrado en vigor el tratado, éste se integra automáticamente en nuestro ordenamiento interno.
En segundo término, el art 93 trata de asegurar la eficacia del Derecho comunitario en sus dos vertientes, el derecho convencional o primario y el derecho derivado contenido en sus reglamentos y directivas y demás actos normativos contenidos en el derecho primario.
Por ello dice que corresponde a las Cortes o al Gobierno, según los casos, la garantía del cumplimiento de estos tratados y de las resoluciones emanadas de los organismos internacionales o supranacionales titulares de la cesión.
Lo importante, por tanto, es que el art 93 de la CE se ha insertado en el derecho constitucional como auténtica norma de coordinación entre el orden jurídico interno y el externo, aunque puedan existir lagunas como por ejemplo en la competencia de las Comunidades Autónomas.
4. APLICACIÓN DEL DERECHO INTERNO POR LOS ÓRGANOS INTERNACIONALES En el DI la cuestión de la supremacía entre las normas de ambos ordenamientos no llega ni siquiera a plantearse. Para el orden jurídico internacional las normas de Derecho interno tienen en principio el valor jurídico de los hechos, no el valor de las normas. Así, un reglamento vigente en un Estado, pero contrario a un tratado suscrito por el mismo, constituye un hecho que viola el tratado en la medida en que la disposición interna sea aplicada o produzca algún efecto.
En este sentido es relevante el art 27 del Convenio de Viena de 1969 donde dice: una parte no podrá invocar las disposiciones de su Derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado.
Sin embargo, esta posición admite una excepción. Las normas internas, al menos las fundamentales, que regulan la competencia para la celebración de tratados tienen una consideración especial para el Derecho Internacional.
El alcance de esta excepción en la Constitución española parece claro que comprende el contenido normativo del art 94.1. En el caso de que un tratado de los previstos en este precepto se celebre sin la previa autorización parlamentaria podría ser denunciado.
En este sentido puede plantearse la duda sobre si alcanzaría al contenido del art 93 por ser el mecanismo de la Ley Orgánica una práctica no generalizada internacionalmente.
En este sentido, los representantes de España en el proceso de celebración del tratado debieran advertir a sus interlocutores del sentido formal en el que se entiende la exigencia de Ley Orgánica por el art 93 de la CE, con lo que la exigencia de mayoría cualificada en el trámite parlamentario podría ser invocada como la norma interna fundamental sobre la competencia para la celebración de tratados.
LECCIÓN 10 (clase de recuperación) (NO SE LO QUE ÉS PERO POR SI NOS SIRVE LO COPIO) A efectos prácticos no está de más partir de una distinción entre derecho internacional general (formas aceptadas contenidas en costumbre internacional) y derecho internacionalparticular (no están aceptadas por la generalidad de los sujetos y están contenidas en tratados).
Hay una manera de resolver las cosas, una aplicable al derecho internacional general y otra manera al particular. En el particular habría que hacer una distinción entre costumbre particular y derecho internacional convencional (tratados).
En el año 78 es prácticamente imposible encontrar normas internacionales no escritas que reúnan los requisitos precisos para que un particular los pueda emplear ante un tribunal.
Del 78 para acá ha habido cierta evolución jurídica que ha hecho que algunas costumbres se puedan utilizar para casos concretos, pero hay que demostrarlo; los casos más utilizables en este aspecto son los relativos a derechos fundamentales.
Los tribunales de un estado no pueden juzgar los casos de otros estados, pero un estado es una persona jurídica, y ésta la regla de inmunidad soberana. La regla generalmente aceptada es que la inmunidad de un estado incluye la inmunidad de cualquiera de sus órganos por cualquier actuación realizada y en cualquier tiempo.
La evolución indica que es ahora cuando se dice que la inmunidad ampara en tanto que estos órganos son del estado, que ocupan un cargo, pero no les ampara después de que dejar de personificar el cargo por los hechos que cometieron con anterioridad.
Hasta que se produce esta nueva norma general, por más que presentásemos una querella criminal a un tribunal español por actos cometidos por extranjeros en sus funciones, esta no llegaba a ningún sitio; ahora hay tribunales que afrontan este tipo de causas.
Lo que se produce es una norma que se denomina jurisdicción universal (son tribunales nacionales con jurisdicción para juzgar hechos cometidos en otros territorios y por sujetos no pertenecientes a dicho país).
El problema que existe desde el derecho general y de la costumbre internacional es cómo integrar normas que no están en nuestro ordenamiento y conseguir que se apliquen.
Por lo que se refiere a la regulación de tratados internacionales, esta regulación es para todos los tratados constituidos en el Reino de España, independientemente de la forma en que se hayan establecido.
Sobre la recepción de los tratados, se regula en el art 96, con independencia de que tengan que intervenir las cortes generales o no para prestar el consentimiento; da igual que sea necesario o no que autoricen las cortes.
Para que se reciba en el ordenamiento español un tratado existen dos requisitos (art 96): - La válida celebración - La publicación El Código civil afirma en negativo lo que la constitución en su art 96 afirma en positivo.
Toda norma preconstitucional es válida y la adicción general del art 5 del Cc no debe servir para que los tratados internacionales sólo tengan que ser publicados.
La válida celebración implica que se articulen correctamente en el proceso de conclusión de los tratados la participación del legislativo y del ejecutivo.
Antes del 78 no era precisa la intervención de las entonces cortes españolas, y si lo era, el Jefe del Estado podía decidir por sí mismo.
La valida celebración es el requisito fundamental; un tratado que no esté válidamente celebrado no puede formar parte del ordenamiento español; esto implica respetar normas de derecho internacional (normas generales que son más fáciles de conocer porque están en la Convención de Viena) y normas de derecho español (se refiere a la participación del ejecutivo y del legislativo en la conclusión de tratados). En algunos casos al ejecutivo debe ratificarle las cortes, pero solo en determinados casos.
La no publicación de un tratado que este válidamente celebrado no exime el cumplimiento del tratado, pero lo que implica es que no se puede oponer a terceros, no se puede presentar ante un tribunal. La publicación es una obligación jurídica de los poderes públicos.
El requisito de fondo y más importante es la válida celebración.
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