Resumen Lectura Obligatoria 4 Políticas de Seguridad y Prevención (2016)

Apunte Español
Universidad Universidad de Barcelona (UB)
Grado Criminología - 3º curso
Asignatura Políticas de Seguridad y Prevención
Año del apunte 2016
Páginas 9
Fecha de subida 06/04/2016
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Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 Las nuevas políticas de seguridad: el caso de Barcelona 1. Introducción Bajo la denominación de seguridad ciudadana, o crime prevention, un conjunto diverso de técnicas, estrategias y discursos configuran un nuevo dispositivo de control que se define en su distanciamiento de los modelos convencionales de política criminal. Por un lado, verifican una seria recusación de las prácticas correccionalistas, enfoques rehabilitadores. Sustituyen al individuo por el control de grupos de población y prácticas de riesgo, y su fin no pretende ya la corrección, como la reducción de riesgos y la vigilancia de los peligros. Por otro lado, no atiende tanto al delito legalmente tipificado como a la intervención proactiva sobre aquellos grupos o circunstancias asociadas a la ocurrencia del delito.
Se orienta ya a no suprimir el delito o rehabilitar al delincuente, sino a la gestión compleja y efectiva de riesgos y poblaciones.
2. la Comisión Técnica de Seguridad Urbana (CTSU) y el Informe Socias: la construcción del problema de la seguridad en Barcelona Su objeto de preocupación no se reduce a las expresiones convencionales del delito, sino que se orienta a construir “un diagnóstico general de la delincuencia y la inseguridad ciudadana, así como una aproximación a sus causas”. Ello comporta determinar la magnitud del delito, pero también las expresiones subjetivas de la inseguridad, su recepción en la opinión pública, así como los procesos sociales que pudieran intervenir en la configuración del problema.
El método utilizado por la Comisión Socias para establecer su diagnóstico y proposiciones no sólo es un esfuerzo técnico, sino que se entiende como una estrategia dirigida a construir el máximo de consenso posible, a través de la consulta e incorporación de las perspectivas y demandas de la mayor diversidad de actores involucrados en el problema.
Se definen en la actividad de la Comisión dos rasgos que serán centrales en las políticas que se adoptarán: la inclusión de nuevos sujetos sociales en un ámbito hasta entonces exclusivo de las agencias penales, y la retórica de la participación, resuelta en la práctica por procedimientos formales o por la apelación a la “representatividad” de determinados actores.
El trabajo de la Comisión duró 24 meses, en los que se produjeron 10 informes sectoriales, además de un documento general que sintetiza los ejes centrales de la política de seguridad que se pondría en práctica.
2.1. La constatación de la inseguridad como problema relevante Los datos recogidos por la Comisión no sólo ponen en evidencia un crecimiento sensible de la inseguridad, sino que además permiten reconocer nuevas formas en que se expresa.
El miedo al delito se convierte, de acuerdo con la comisión, en un problema de primer orden, que se sustrae por su propia naturaleza a las políticas convencionales de lucha contra el delito.
1 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 2.2. El reconocimiento de una crisis de las formas tradicionales de control del delito Las nuevas aristas del problema de seguridad ponen en evidencia las insuficiencias propias del sistema penal convencional, en tres direcciones. Por un lado, en cuanto a su ineficacia: la baja tasa de casos policialmente resueltos, las dificultades de coordinación entre los distintos cuerpos policiales que actúan en la ciudad, la saturación de los tribunales, la insuficiencia de las leyes penales y procesales para responder a las nuevas realidades. Luego, la “crisis de confianza de la población en el sistema penal”: el bajo índice de denuncias, el descrédito de las agencias penales y la ilegitimidad de un marco institucional procedente de la anterior dictadura; en suma, una evidente ineptitud del aparato penal para satisfacer las expectativas y demandas colectivas y concitar consenso en torno a su funcionamiento.
Por último, el sistema penal tradicional se muestra incapaz de asumir las nuevas complejidades del control.
2.3. La necesidad de dotar a las nuevas políticas de seguridad urbana de un marco conceptual propio Las nuevas demandas y contextos de la seguridad exigen redefinir los términos en que ésta se comprende y fundamenta.
La tensión entre el sistema prevaleciente hasta entonces y las nuevas propuestas se formula en términos de oposición entre los conceptos de orden público y de seguridad ciudadana. Orden público es una expresión que hace referencia al dominio jurídico: orden es aquello que marcan las leyes, teniendo en cuenta que su legitimidad no asegurar su obediencia. Mientras el concepto de seguridad ciudadana significa convivencia segura. Su contenido sería el de dar seguridad a los ciudadanos en el ejercicio público y privado de los derechos y deberes previstos en el orden constitucional. Esta nueva concepción de seguridad ciudadana, la integra dentro de una estrategia más general encaminada a asegurar el derecho de los ciudadanos a las libertades públicas.
2.4. La formulación de nuevos objetivos y estrategias Ya no es suficiente el viejo funcionamiento del sistema penal, basado exclusivamente en la represión, sino que se requiere articular estrategias de prevención (que incluyen intervenir en los factores sociales que pueden incidir en la delincuencia), rehabilitación y solidaridad (que promueven la reparación de daños del delito y logro de la convivencia pacífica entre los ciudadanos).
2.5. La necesidad de incorporar a nuevos actores sociales en las políticas de seguridad La insuficiencia de las agencias tradicionalmente encargadas del control del delito definen la necesidad de incorporar en las políticas emergentes a nuevos sujetos sociales y la redefinición de las relaciones entre los existentes.
2 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 La comisión apunta a la necesidad de una “alternativa que hiciese frente a las exigencias de coordinación, tanto de los diversos organismos policiales como del conjunto de instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana… que permita la participación del ciudadano en las tareas de control social.
3. El desarrollo de las políticas de seguridad ciudadana en Barcelona: el Consejo de Seguridad Urbana En el Consejo de Seguridad Urbana de Barcelona, como resultado del trabajo de la Comisión Socias, confluirán distintas fuerzas policiales con competencia en la ciudadana, representantes de la justicia penal, la administración penitenciaria y agencias sociales, junto con autoridades locales, provinciales y autonómicas.
No deja de extrañar que aquello que se considerara un rasgo distintivo del Estado Liberal (la separación de funciones, ámbitos y competencias), y un resultado necesario de la progresiva especialización y formalización del funcionamiento del Estado moderno, sea ahora visto como obstáculo para la eficacia de las políticas de control.
4. Las agencias penales en las políticas de seguridad: justicia y policía en la experiencia del Consejo de Seguridad de Barcelona Las políticas ensayadas por el Consejo de Seguridad han implicado unas transformaciones que apuntan a dos direcciones principales: la adopción de criterios de dirección de funcionamiento, que permitan una mayor flexibilidad y eficiencia de sus respuestas, y la incorporación de nuevos contenidos y papeles frente a los conflictos emergentes.
4.1 El formato de dirección de funcionamiento En la modernidad, el sistema penal se ha caracterizado por su alto grado de formalización, burocratización, especialización y la sujeción de su funcionamiento a principios, normas y procedimientos definidos legalmente.
4.1.1. Articulación operativa entre los distintos cuerpos La compartimentación formal de ámbitos y funciones entre la Policía Nacional y la local, da lugar a diversas decisiones para mejorar el intercambio de información y la coordinación operativa entre los distintos cuerpos, como la adopción de un modelo complementario integral a partir del Plan de Actuación Policial, que agrupa a los distintos cuerpos policiales como si se trata de uno solo con distintas unidades, contemplando la utilización conjunta de informaciones e interacción de las unidades, a la vez que se provee del soporte tecnológico necesario para garantizar el flujo de información ente ambos organismos.
4.1.2. Especificación y demarcación del territorio Se apunta el esfuerzo por descentralizar la organización policial, concediendo una mayor autonomía a las comisarias de distritos y a las mesas distritales de coordinación policial. Esto se acompaña con el aumento de comisarías de la Policía Nacional y cuarteles de la Guardia Urbana.
3 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 4.1.3. Definición de planes con objetivos específicos La actuación de los policías en las políticas de seguridad del Consejo se orienta a planes y programas específicos, de duración delimitada y que persiguen objetivos concretos, y a la constitución de unidades especializadas en áreas y temáticas específicas.
4.1.4. Incorporación de indicadores de gestión y rendimiento Criterios de rendimiento y eficacia de mayor especificación: presencia policial, contactos con habitantes del sector de patrullaje, número de identificaciones, índice de denuncias.
4.1.5. Optimización de la capacidad operativa Se promueve mejoras técnicas en la capacidad operativa de la policía. Se dota de nuevas tecnologías para mejorar la comunicación y el acceso a la información, se produce conocimiento “sociológico” útil para la labor policial. Se ha prestado especial atención a dispositivos para facilitar y agilizar la denuncia de delitos (denuncia rápida): formularios computarizados.
Se procede a una suerte de “reingeniería” de algunos procedimientos, evitando trámites innecesarios y centralizando las funciones en unidades especializadas.
Pero los cambios más sustantivos supondrán la introducción de mecanismos y procedimientos destinados a agilizar la respuesta judicial, abreviando los lapsos y trámites, aun a riesgo de sacrificar principios y garantías penales relevantes. Quizá lo más significativo de estas modificaciones es la creciente orientación del sistema penal a atender más outputs de su propia actuación (número de casos procesados y de sentencias dictaminadas, plazos y duración del proceso), que a los objetivos externos que se le atribuyen o a referentes como la equidad o las garantías procesales.
En 1992 es aprobada la Ley de Seguridad Ciudadana, que prevé sanciones administrativas para prácticas que constituyen materia de alarma social o incomodidad pública. Pero, junto a ello, se hace un uso cada vez más frecuente de ordenanzas municipales, que funcionan como mecanismos administrativos para regular y sancionar conflictos de baja intensidad.
4.2. Las funciones emergentes de las agencias penales Las políticas de seguridad imponen a las agencias penales una transformación en su función y en el contenido de su actividad. Al definirse la inseguridad como un conjunto de riesgos y conflictos que desbordan el ámbito penal, se demanda a las agencias penales, y en particular a la policía y a la administración de justicia, un papel distinto a la persecución y sanción del delito.
Ello se verifica al menos en dos direcciones: 4.2.1. La proximidad La preocupación por el despliegue territorial de la policía, definiendo ámbitos espaciales lo suficiente acotados para garantizar la atención adecuada, la descentralización operativa de unidades y distritos policiales, señalan por una parte un esquema dirigido a intensificar la 4 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 presencia, visibilidad y actividad policial por miedo de la extensión del control a todo el espacio urbano. Por otra parte, revelan el esfuerzo por modular las intervenciones policiales al contexto y microterritorio del conflicto, por detectar información y producir conocimiento sobre el espacio local, sus dinámicas y riesgos, por promover la coporducción de la seguridad, incorporando las demandas y esfuerzo de los vecinos en las acciones.
En el ámbito judicial, en 1992 se crea la figura del fiscal de distrito, que comporta un acercamiento de la administración de justicia a la comunidad.
4.2.2. Nuevas tareas y estrategias Junto con la proximidad, los agentes del sistema penal abordan tareas y desarrollan prácticas antes ajenas a su actividad. La policía desplaza su función hacia la vigilancia y prevención.
Recurre a estrategias multiagenciales, coordinando su acción con otras instituciones y actores, a la mediación y resolución de conflictos, a labores educativos y de orientación.
Por otra parte, el aumento en la preocupación por los conflictos ajenos al ámbito judicial definirá, posteriormente el interés del Consejo por la justicia de paz, como forma de gestión de los mismos. La Carta Municipal define a la justicia municipal, en su artículo 149, como aquella que “tiene como finalidad resolver de conformidad con el derecho y con criterios de conciliación, participación, mediación, equidad, rapidez y proximidad los conflictos, de pequeña entidad, derivados de la convivencia ciudadana”.
5. La prevención social en las políticas del Consejo de Seguridad Urbana Se reclama la solidaridad y la rehabilitación como ejes fundamentales de las políticas seguidas durante estos años, buscando actuar sobre aquellos procesos sociales que causan y condicionan los problemas de inseguridad y delincuencia.
De forma general, definiremos como estrategias de prevención social aquellos programas, medidas y acciones que operan modificando de algún modo las condiciones y el contexto social de los grupos de población y prácticas sociales considerados como de riesgo para la seguridad.
Sus efectos no se juegan tanto en la corrección de los desequilibrados sociales o la compensación de los procesos de exclusión, sino en funciones de control, vigilancia y prevención que realizan.
5.1. Características de las estrategias de prevención a) Las estrategias de prevención social permiten la detección, identificación y seguimiento de grupos de riesgo. Funcionan recabando información sobre sus patrones de comportamiento, localización, características sociales y riesgos asociados.
b) Las estrategias de prevención social actúan insertando al individuo en una trama institucional que optimiza su control y vigilancia.
c) Las estrategias de seguridad funcionan aminorando o redefiniendo riesgos asociados con determinadas prácticas y colectivos. Las estrategias sociales de seguridad buscan objetivos más “realistas”, de mayor eficacia y alcance: reducir daños y prácticas de riesgos tanto para 5 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 el individuo como para la colectividad, sustituir determinados patrones de comportamiento por otros de menor peligro social.
d) Las estrategias de prevención social redistribuyen espacialmente los focos y actores asociados a la inseguridad. También se han hecho esfuerzos por reubicar en distintos lugares de la ciudad a miembros de minorías étnicas, con el objeto de favorece la integración y evitar brotes xenófobos en lugares de alta concentración de minorías.
e) Las estrategias de prevención social actúan sobre el miedo y la ansiedad colectiva.
6. La reforma urbana y la seguridad Los PERI son mucho más que programas de rehabilitación ambiental, pues conjugan medidas de carácter mucho más amplio: participación vecinal, control de locales y establecimientos, saneamiento ambiental, actividades sociales y culturales.
Las transformaciones urbanas que implican actúan sobre las variables espaciales asociadas a formas específicas de delincuencia callejera y riesgos sociales: mayor visibilidad, incrementando las condiciones de “vigilancia natural”, supresión de focos de riesgo (hot points), el blindaje de posibles objetivos de delitos o vandalismo.
Otro tipo de efectos de estas reformas urbanas sobre la seguridad deriva de las transformaciones sociales que implican, definiendo nuevos patrones de relaciones, uso y ocupación del espacio.
Por último, operan los planes de rehabilitación urbana como instrumento para la gestión de poblaciones. La orientación fundamental de los planes de reforma en Ciutat Vella apunta a “crear espacios abierto de interrelación y confluencia social de los barrios, en la captación de nuevos residentes de nivel social y económico más estabilizados, así como la incorporación de nuevos núcleos de actividad cultural y social, que positiven la dinámica del entorno, y rompan de este modo el mito o estereotipo social de ser un lugar degradado y de riesgo.
Desde cierta perspectiva, la inseguridad puede ser entendida como un determinado patrón de distribución de grupos sociales de riesgo en el espacio. Estrategias ágiles y flexibles, que permiten un control “suave” y no coercitivo sobre los focos de malestar, con alto grado de eficacia y políticamente “económicas”.
7. El modelo Barcelona de Seguridad: algunos elementos para su definición Es posible explicitar, a partir del funcionamiento del Consejo de Seguridad Urbana y de las políticas que ha impulsado, algunos rasgos centrales que permiten comprender la especificidad e identidad de las políticas de seguridad desarrolladas en la ciudad durante los últimos años. Se derivan algunos elementos generales comunes al conjunto de estrategias que enmarcan las políticas de seguridad: 7.1. La definición de la seguridad como objeto complejo y múltiple Se tiene en cuenta tanto la inseguridad como fenómeno objetivo y su recepción subjetiva, las víctimas y victimarios potenciales o efectivos, los conflictos infrapenales, las relaciones posibles, las prácticas cotidianas, los modos de uso y ocupación del espacio.
6 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 7.2. La diversificación de las estrategias de control Las políticas de seguridad ensayadas en la ciudad adoptan una multiplicidad de prácticas propias de otros ámbitos. Una tendencia a la informalización y administrativización del control, desmarcándose de la rigidez que supone la aplicación del derecho penal, controlado por garantías y procedimientos formales para generar respuestas flexibles y ajustadas a la complejidad social en que operan.
7.3. Adopción de criterios organizativos para la gestión Cambios que operan en lo interno del funcionamiento de las agencias de control se orientan en distintas direcciones: a) Descentralización operativa, permitiendo respuestas acopladas a los acotados escenarios del conflicto. Ello implica un alto grado de autonomía funcional de las unidades y equipos operativos, a la vez que se impulsan instancias locales de coordinación y diseño de políticas.
b) Centralización de la información. Información que sirve como punto de partida para la decisión. Lo que brinda coherencia al sistema, que se define por su descentralización, es la transmisión y centralización de la información producida por cada uno de sus componentes, de modo que se puedan dar respuestas de conjunto y ajustar su propio funcionamiento.
c) Articulación funcional entre distintas agencias. El funcionamiento compartimentando y especializado cede su lugar a fórmulas de coordinación de los actores que incrementan la eficiencia de las respuestas y disminuyen sus costos operativos, en la medida en que posibilitan descargar responsabilidades y resolver situaciones complejas.
d) Énfasis en la planificación, gestión y evaluación. Las políticas de seguridad comportan una racionalización de los esfuerzos y control de los resultados, especificando objetivos concretos, definiendo planes coherentes y evaluando el impacto de las operaciones.
e) Eliminación de los obstáculos funcionales y organizativos. La evaluación interna y externa producen datos que permiten detectar los fallos en el funcionamiento y adaptar la organización de las demandas.
7.4. La proximidad Las nuevas formas de conflictos son intangibles para los mecanismos tradicionales de detección e inaccesibles para las estrategias molares de control. Se necesitan estrategias “comprensivas” y adaptadas a los escenarios múltiples y mudables de la inseguridad.
a) Presencia local  los planes de despliegue territorial de los cuerpos policiales, la policía comunitaria, la creación de la fiscalía de distrito, programas como los agentes de salud, ilustran la preocupación de las políticas de seguridad por el emplazamiento y visibilidad de los agentes de control en los contextos locales.
b) Producción de conocimiento sobre el espacio local  la proximidad supone la atención al conocimiento del territorio y de su dinámica.
7 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 c) La creación de espacios de participación  es en el ámbito local donde la participación ciudadana adquiere mayor entidad. Los vecinos proveen información fundamental para las distintas actuaciones, modulan y evalúan el funcionamiento de las agencias y políticas, definen necesidades, objetivos y prioridades. Las dinámicas de participación en los escenarios locales permiten generar consensos y otorgan legitimidad a las políticas.
d) Definición de estrategias a partir de los problemas y demandas locales  las políticas se adecuan al contexto de sus operaciones, tanto por el reconocimiento de la especificidad local, como por la comprensión de las necesidades y demandas específicas de los pobladores.
e) Uso de tácticas flexibles  la proximidad supone dar al traste con la concepción de “ejército de ocupación” que caracteriza al funcionamiento de las agencias penales en el anterior modelo, basado en la preservación del orden público. Por el contrario, la interacción y cooperación de la comunidad presupone procedimientos de control flexibles y de baja intensidad, adecuada a la complejidad y especificidad de los contextos y situaciones, que permitan el consenso, eludan la resistencia y posibiliten la gestión efectiva de los conflictos.
7.5. La transversalidad De forma complementaria a la proximidad. La transversalidad se define en dos sentidos. Por un lado, como transversalidad territorial, a través de acciones de alcance municipal que se incorporan como programas locales. Por otro lado, la transversalidad programática, como el conjunto de criterios, definiciones y actuaciones que son comunes a las distintas intervenciones.
Así, las acciones previstas en programas distintos guardan entre sí relación de similitud y coherencia.
7.6. La articulación multiagencial La articulación entre agencias y actores ofrecen el marco organizativo y funcional del desarrollo de las políticas de seguridad en la ciudad. Supone: a) Mecanismos de comunicación y coordinación para la derivación de problemas, consulta y distribución de la información b) Desarrollo de planes y programas conjuntos c) Coproducción de las políticas en las distintas instancias de coordinación La multiagencialidad permite el procesamiento y socialización de información procedente de diversas fuentes y necesarias para las diferentes agencias.
7.7. La participación social Las expresiones efectivas de participación definen el carácter de las distintas estrategias desarrolladas durante estos años: a) La detección e incorporación de las demandas sociales en las políticas. El funcionamiento de las agencias involucradas en las políticas de control comprende mecanismos para la identificación de las necesidades, preocupaciones y demandas de la comunidad.
8 Políticas públicas de seguridad y Prevención 2015/2016 – maria47 b) La adopción de formatos de interacción y cooperación en las actuaciones. Un número importante de las estrategias otorgan a la comunidad un papel activo en sus operaciones.
c) La creación de espacios para la participación social en el diseño de las políticas.
8. Conclusión Un control más eficiente, flexible e intenso en cuanto a sus resultados, una comprensión inédita de la seguridad como garantía del bienestar colectivo; la conjunción del funcionamiento de las agencias penales tradicionales con técnicas de prevención situacional, participación ciudadana e intervención social.
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