TEMA 4 - La Administración y los tribunales de justicia (2014)

Apunte Español
Universidad Universidad Pompeu Fabra (UPF)
Grado Derecho - 2º curso
Asignatura Instituciones Básicas del Derecho Administrativo
Año del apunte 2014
Páginas 12
Fecha de subida 31/03/2015
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Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   TEMA 4 - LA ADMINISTRACIÓN Y LOS TRIBUNALES DE JUSTICIA 1.
LA RELACIÓN ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y LOS TRIBUNALES (ESTADO DE DERECHO) Una de las características centrales del Estado de Derecho es la consideración de que el poder puede y debe ser controlado, porque solo si el poder está sometido a control pueden garantizarse los derechos e intereses de los ciudadanos; ese control se da por virtud del Derecho. El Estado está sometido al Derecho.
Sin embargo, esto no es suficiente. Toda regla jurídica necesita de un guardián, necesita de alguien que controle, vigile el cumplimiento de la norma o regla jurídica y, en su caso, sancione el incumplimiento. Una regla sin sanción no es una regla jurídica. Toda sanción necesita un órgano que lo administre, que imponga la sanción o castigo.
El Derecho es una técnica social específica basada en la amenaza de la sanción. Para que exista la amenaza tiene que existir la probabilidad del castigo. De modo que el castigo debe ser administrado, debe ser aplicado por alguien. Alguien debe aplicar el castigo à En el Estado de Derecho ese es el papel de los Tribunales.
El poder controla al poder sirviéndose del poder del Derecho. Los Tribunales son el poder judicial y en esa condición controlan al poder de la Administración mediante el Derecho.
2.
POTESTAD JURISDICCIONAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA La vigencia efectiva del principio de legalidad (Estado de Derecho) impone la existencia de mecanismos de control a través de los cuales pueda asegurarse eficazmente el sometimiento de la Administración al sistema normativo.
En los sistemas jurídicos occidentales, el mecanismo primordial de garantía está constituido por el control jurisdiccional: esto es, por el que los órganos integrantes del poder judicial ejercen la legalidad sobre la actuación administrativa.
En una primera caracterización, la sumisión de la actividad administrativa al control jurisdiccional posee un contenido bien simple à Cualquier acto o conducta (positiva o negativa) de la Administración y de sus agentes, puede ser sometida al enjuiciamiento por parte de órganos judiciales, a instancia de cualquier persona o entidad (pública o privada) a quienes dichos actos o conductas lesionen sus derechos o intereses.
1   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   El control de la Administración es una garantía de los ciudadanos, pero la Administración disfruta de ciertos privilegios (prerrogativas) para preservar su independencia (relativa) respecto del Poder Judicial. Desde esta perspectiva, se reflejan en el artículo 106.1 de la CE: “Los Tribunales controlan la potestad reglamentaria y la legitimidad de la actuación administrativa, así como el sometimiento de ésta a los fines que la justifican” tres características a estudiar: A.
CONTROL Si se tiene en cuenta el papel capital que la legalidad y su observancia desempeñan en la organización y funcionamiento de la Administración, no debe resultar extraño que el ordenamiento establezca una extensa batería de sistemas de control para asegurar el cumplimiento por ésta de las normas jurídicas y a corregir sus infracciones. Esos sistemas de control son de una extraordinaria variedad, así como de muy diversa naturaleza y finalidad.
Es necesario recordar que determinados órganos constitucionales y de relevancia constitucional se hallan legalmente facultados para ejercer un control de legalidad de la Administración.
Esas potestades de control, sin embargo, o bien son de carácter genérico, o bien actúan sobre aspectos parciales o periféricos de la actuación administrativa. En general, no persiguen la privación de la eficacia de los actos y reglamentos con objeto de proporcionar una protección efectiva de las posiciones jurídicas de los ciudadanos.
• Las Cámaras legislativas pueden fiscalizar la legalidad administrativa con ocasión del ejercicio de sus potestades de control sobre el Gobierno y sus agentes. Este control, no obstante, es de eficacia meramente política puesto que las resoluciones que adoptan sólo se constituyen en orden a adoptar una conducta futura, no surtiendo efectos jurídicos directos sobre los actos administrativos.
• El Defensor del Pueblo tiene por función supervisar la actividad de la Administración para la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la CE. Carece de competencia para modificar o anular los actos y resoluciones de la Administración Pública, aunque sí tienen competencia para sugerir la modificación de los criterios utilizados para la producción de aquéllos.
• El Tribunal de Cuentas tiene por misión fiscalizar las cuentas y la gestión económica del Estado y del sector público así como el enjuiciamiento de la responsabilidad contable, pero tampoco ostenta potestad para anular los actos y decisiones que se dicten en esas materias.
En respuesta a preocupaciones similares, el ordenamiento administrativo ha venido estableciendo estructuras específicas, situadas en el interior de la organización administrativa, a las que, entre otras funciones, se les encomienda la tarea de ejercer un control preventivo de la legalidad de la respectiva Administración: 2   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   → En el ámbito Estatal cabe recordar las funciones atribuidas a órganos consultivos como el Consejo de Estado, el Servicio Jurídico del Estado y a la Intervención General del Estado.
→ En el ámbito local, funciones similares se hallan encomendadas a los órganos de Secretaría e Intervención.
Pero, igual que en los supuestos anteriormente aludidos, estas organizaciones ejercen un control de legalidad que, además de no hallarse a disposición de los ciudadanos, carece, por lo general, de eficacia jurídica vinculante sobre la conducta de los órganos competentes para adoptar las decisiones. Se trata de órganos de carácter consultivo cuyo parecer puede ser obviado por quienes han de adoptar las decisiones.
Cámaras Legislativas (Control Gobierno eficácia política) Externo Defensor del Pueblo (Drerechos Tit. I CE) Tribunal de Cuentas (fiscalizar gestión económica) CONTROL AP Órganos Constitucionales Interno Control preventivo legalidad Admiistrativa Ámbito Estatal (Consejo de Estado, Servicio Jurídico, Intervención General) Ámbito municipal (Secretaría e Intervención) El control prototípico de la legalidad administrativa se ejerce en nuestro sistema jurídico por los órganos jurisdiccionales. De entre todos ellos, la competencia de Derecho común corresponde a los pertenecientes al orden jurisdiccional contencioso-administrativo, pero también los órganos de los restantes órdenes jurisdiccionales ostentan potestades de control, bien que parcial, sobre la legalidad de la actividad de la Administración. Precisamente como la Administración Pública está sometida al imperio de la ley, alguien debe controlar que esa sujeción es real y efectiva y en su caso imponer el castigo. El control por Tribunales de la Administración tiene sentido en el contexto institucional del Estado de Derecho y cuando hablamos de Tribunales (artículo 106.1 de la CE) nos referimos a los órganos integrantes del Poder Judicial. Los Tribunales son quienes controlan la actividad de la Administración Pública.
3   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   Los jueces y Tribunales integrantes del orden jurisdiccional contencioso-administrativo les corresponde conocer y decidir sobre “las pretensiones que se deduzcan en relación con la Actuación de las Administraciones Públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos Legislativos cuando excedan los límites de la delegación” (artículo 1.1 de la LJCA). Dicha competencia se ejerce a través de una vía procesal propia à El proceso contencioso-administrativo.
Los Jueces y Magistrados son los integrantes del poder judicial y son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley (artículo 117.1 de la CE). Los jueces sólo están sujetos al imperio de la ley (no del reglamento), por eso pueden anularlos y controlar si la Administración Pública actúa de acuerdo con su Derecho. Los Tribunales tienen el monopolio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando (fallando) y haciendo ejecutar lo juzgado (artículo 117.2 de la CE). Deducimos, pues, dos funciones que forman parte de la potestad jurisdiccional: -­‐ JUZGAR: Función de declarar cual es el derecho que resuelve la controversia (fallo de la sentencia) -­‐ EJECUTAR LO JUZGADO: Convertir lo juzgado en hecho, convertir el fallo de una sentencia en realidad material.
El que sean tribunales del poder judicial los que controlen el poder de la Administración Pública es una solución organizativa relativamente reciente en términos históricos. Incluso dentro del constitucionalismo el control judicial de la Administración Pública es algo relativamente reciente.
è El Estado surgido de después de la Revolución Francesa es la inspiración de estado actual y del Derecho Administrativo. En el Estado francés, los dirigentes revolucionarios desconfiaban del poder judicial independiente. En consecuencia, interpretaron el concepto de división de poderes como separación de poderes. De modo que en los años posteriores a la revolución francesa prohibieron a los jueces inmiscuirse en las actividades administrativas y enjuiciar o controlar a los agentes públicos en el ejercicio de sus funciones. Para asegurar el cumplimento de la ley por parte de la Administración Pública y la preservación de la seguridad jurídica se optó por establecer un sistema de recursos jerárquicos que consistían en que el ciudadano podía recurrir ante el superior del funcionario que había adoptado la decisión que consideraba ilegal y así sucesivamente hasta llegar al ministro o al Gobierno quien decidía en última instancia. Es decir, los tribunales que controlaban la Administración Pública eran Tribunales administrativos, en lugar de Tribunales integrantes del poder judicial. La Administración Pública se controlaba a sí misma; era un autocontrol.
4   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   Ese es el modelo que se copia en España, cuando en 1835 se implantan los Tribunales de control de la Administración Pública. Se crean tribunales administrativos con el modelo del “Consell d’Estat” francés ya que se consideraba que era quien mejor podía controlar la actuación de la Administración.
Hoy en día es inadmisible que la Administración sea juez y parte en los pleitos, ya que no se salvaguardarían los derechos de los ciudadanos. Sin embargo, tradicionalmente el sistema jurídicoadministrativo español ha previsto un conjunto de mecanismos de revisión de la legalidad de los actos administrativos y de los reglamentos que se ejercitan por la propia Administración y que, por su carácter impugnatorio, ofrecen cierta similitud con el proceso contencioso-administrativo, siendo normalmente un trámite necesariamente previo al mismo (revisión de la legalidad en vía administrativa).
La Administración Pública se resiste a perder ese poder de control. No ha perdido parte de su poder de un día para otro; ha sido un proceso. El Estado de Derecho no es una realidad institucional sino que es un proceso para garantizar la mayor efectividad de los derechos de los ciudadanos.
Es por eso que se puede afirmar que el control judicial de la Administración no es sólo una potestad de los órganos judiciales: Es, ante todo, un derecho de todos quienes se relacionan con una Administración, consistente en la facultad de recabar de los jueces y Tribunales protección frente a las actividades de la Administración contrarias a Derecho.
Este derecho fue elevado a rango constitucional por el artículo 24.1 de la CE (derecho a la tutela judicial efectiva) à “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión”.
Tutela que opera frente a la Administración. La más importante de sus manifestaciones es el llamado derecho a la acción o al proceso, consistente en el derecho a exigir de los jueces o Tribunales una decisión, ya sea favorable o adversa, sobre el fondo de las pretensiones que se esgrimen en el proceso. En otros términos, el derecho a obtener una resolución efectiva sobre el caso o conflicto sometido al Tribunal.
En ese proceso de avance del control de la Administración Pública la división de funciones cambia: -­‐ Juzgar à Tribunales -­‐ Ejecutar lo juzgadoà Administración Pública.
La ejecución de los fallos por parte de los Tribunales sólo se ha garantizado por la Constitución a partir de 1978. Convertir lo fallado en hecho (ejecutar) era potestad de la Administración.
5   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   Ese control de los Tribunales a la Administración Pública no es tan neutro como inicialmente pudiera parecer. La Administración conserva ciertos privilegios pero los tribunales, según el artículo 106.1 de la CE controlan la Administración luego, no Administran. El control supone revisar lo decidido por la Administración Pública conforme a lo dispuesto a la ley. Esa revisión puede conducir a un fallo (una decisión) en donde se declare la ilegalidad o no de lo decidido. Es una declaración de legalidad a la que se le asocia la nulidad de lo decidido o resuelto por parte de la Administración. Existe pero una zona de frontera entre controlar y administrar: Discrecionalidad à Los jueces pueden controlar el ejercicio de la discrecionalidad pero no pueden sustituir a la Administración Pública porque la ley quiere que sea la Administración quien realice la potestad discrecional.
Es la necesidad la que marca la frontera entre administrar y juzgar o controlar.
→ Cuando hay un concepto jurídico indeterminado los jueces pueden juzgar y administrar porque la ley ha habilitado la potestad reglada para que esto así sea.
→ En cambio, si la ley establece que la Administración Pública tiene una potestad el juez sólo puede controlarla pero no suele poder substituirla; sólo se da en algunos casos determinados por la ley.
Según el artículo 106.1 de la CE, las posibilidades de control son inmensas y esa amplitud de control es directamente proporcional al derecho de tutela judicial efectiva (artículo 24.2 de la CE): “Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. Si el ciudadano tiene derecho a que un juez le proteja frente la Administración se comprende la amplitud del control. El encargado de proteger a los ciudadanos debe tener el mismo poder que la Administración Pública para que la protección sea real y efectiva.
B.
ACTUACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS El artículo 106.1 de la CE lo que entiende por actuación de la Administración Pública es un concepto muy amplio: -­‐ Actividad (formal o informal).
-­‐ Inactividad.
6   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   Todo lo que haga la Administración Pública e incluso lo que no haga debiendo haberlo hecho es susceptible de control por parte de los Tribunales.
C.
LEGALIDAD El parámetro de control, la regla de control que ha de aplicar el juez para controlar cualquier forma de actuación de la Administración Pública es entendida de manera amplia. La legalidad no se refiere a la legalidad formal (reglas de derecho positivo) sino el control por los fines que da lugar a una técnica de control de poder. La desviación del poder ocurre cuando la Ley entrega a la Administración Pública un poder y esta utiliza ese poder para satisfacer otros fines distintos de los motivos por los cuales se ha entregado el poder.
3.
LA AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA La situación jurídica de la Administración es original respecto de los Tribunales y, en particular, cuando se trata de controlar su actuación como consecuencia del conflicto surgido con los derechos de los ciudadanos.
→ Excepcionalidad de la autodefensa por los ciudadanos.
→ Normalidad de la autotutela administrativa.
Este hecho se encuentra reflejado en un supuesto de fundamento constitucional: la “eficacia” (artículo 103.1 de la CE). “La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho“. Conflictos: → El conflicto con el derecho a la tutela judicial efectiva (artículo 24 de la CE): La resolución por el Tribunal Constitucional permite la suspensión cautelar de la ejecución administrativa.
→ El principio de legalidad: La Administración está sometida plenamente a la Ley (artículo 103.1 CE). No puede haber actuación administrativa en contra de la Ley. Sin embargo, puede haber actos administrativos eficaces pero ilegales. Existe pero, la presunción de validez.
El Tribunal Constitucional ha declarado la conformidad a la Constitución del llamado principio de autotutela o, más en concreto, de la presunción de legalidad y la ejecutividad inmediata que gozan los actos y decisiones administrativas, vinculándolo al principio de eficacia de la Administración.
7   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   La construcción del Estado de Derecho no es la obra de un ingeniero perfecto que haya diseñado un edificio institucional; es fruto de un proceso histórico y como proceso es una acumulación.
El Estado, de este modo, se ha ido edificando sobre la base de unos materiales que muchas veces provienen del pasado. Esto se demuestra en el control de la Administración Pública por parte de los Tribunales de Justicia tanto por actuaciones como por no actuaciones, formales o no formales.
Incluso hoy hay aspectos del pasado que continúan operativos y vigentes.
Poder de autotutela equivale, en sentido vulgar, a poder público de mando; esto es, a aquella potestad en cuya virtud un órgano público puede imponer mandatos o prohibiciones a un tercero de manera unilateral (es decir, sin su consentimiento o aun en contra de su voluntad), el cual está jurídicamente obligado a atenerse a lo mandado o prohibido y, en caso de incumplimiento, puede también proceder a ejecutar coactivamente lo ordenado o prohibido. Este singular poder de mando debe ser descrito con mayor precisión. La mejor forma es comparar la posición en que la Administración y los sujetos privados se encuentran frente a los jueces y Tribunales.
La tutela que los particulares pueden hacer de sus derechos e intereses debe ser calificada de heterotutela, ya que se lleva a cabo normalmente a través de una declaración y ejecución dictadas por un órgano judicial. La heterotutela es la tutela por un tercero. Ergo la autotutela es la tutela efectuada por uno mismo. La posición de la Administración Pública es justamente la de autotutela. La Administración Pública se tutela a si misma sin necesidad de impetrar (solicitar) el auxilio judicial debido a que se protege a sí misma. La Administración es un poder que no necesita de otro poder para desplegar su poder (efectos, consecuencias y resultados) y protegerse. Por lo tanto, sólo puede ser controlada por otro poder.
La autotutela es el concepto que explica porque la Administración no precisa de la colaboración judicial para hacer declaraciones de derechos que alteren las situaciones jurídicas o estados posesorios (tutela declarativa), ni para ejecutar coactivamente tales declaraciones (tutela DECLARATIVA Hacer declaraciones de derechos que alteren las situaciones jurídicas o estados posesorios.
EJECUTIVA Ejecutar coactivamente tales decisiones.
AUTOTUTELA ejecutiva) à La autotutela supone que, por regla general, puede realizar por sí misma uno y otro tipo de actividades. Como poder público que es y en virtud de su posición institucional, la Administración puede adoptar decisiones vinculantes para los ciudadanos. Éstos están obligados a 8   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   cumplir desde que se dictan o se les notifican. Por ello, el control judicial es normalmente un control a posteriori.
è AUTOTUTELA EJECUTIVA: La Administración Pública para ejecutar (llevar a la práctica) sus decisiones o resoluciones no necesita acudir a un juez. No necesita un juez para convertir sus decisiones en realidades.
La Administración Pública tiene el poder de ejecutar forzosamente los actos administrativos, sin necesidad de impetrar en auxilio judicial. El acto susceptible de ejecución es un acto impositivo de obligaciones de dar, hacer o no hacer. La Administración puede ejecutar, incluso de manera forzosa (llegando incluso al empleo de la coacción en caso de resistencia de los destinatarios), sus actos administrativos en caso de incumplimiento por sus destinatarios de las obligaciones que contiene (artículo 95 de la L30/92). Se habilita a la Administración Pública del poder de autotutela ejecutiva con carácter general en artículo 96 de la L30/92.
La Administración puede utilizar los medios de ejecución forzosa del artículo 96 de la L30/92 para proceder a la ejecución. La ejecución forzosa por las Administraciones Públicas se efectuará, respetando siempre el principio de proporcionalidad, por los siguientes medios: → Apremio sobre el patrimonio: Cuando el acto administrativo acuerde la entrega de una determinada cantidad de dinero y el administrado no la entregue, se recaudará dicha cantidad mediante el embargo de cuentas corrientes y, en caso de bienes inmuebles, también la subasta de los mismos.
→ Ejecución subsidiaria: Supone que si el administrado no lleva a cabo la conducta obligada y puede realizarla, la Administración por él y a su costa, lo hará.
Posteriormente, reclamará los gastos mediante el medio anterior de ejecución forzosa.
→ Multa coercitiva: Es una forma de obligar al administrado a llevar a cabo la conducta obligada, pues la multa en si no es una forma de ejecución forzosa, sino un medio para obligar al administrado a la ejecución del acto administrativo.
→ Compulsión sobre las personas: Quien sufre es la persona misma el ejercicio de violencia física. Este supuesto es muy excepcional vinculado a obligaciones personalísimas de hacer 9   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   Si fueran varios los medios de ejecución admisibles se elegirá el menos restrictivo de la libertad individual. Si fuese necesario entrar en el domicilio del afectado, las Administraciones Públicas deberán obtener el consentimiento del mismo o, en su defecto, la oportuna autorización judicial.
Los jueces no pueden interferir la ejecución a través de interdictos (artículo 101 de la L30/92) à Posición de protección de la posesión frente aquel que pretende violar la posesión.
“No se admitirán a trámite interdictos contra las actuaciones de los órganos administrativos realizadas en materia de su competencia y de acuerdo con el procedimiento legalmente establecido”.
è AUTOTUTELA DECLARATIVA: La autotutela declarativa o decisoria consiste en la potestad de la Administración de emitir declaraciones o decisiones capaces por sí mismas de modificar o extinguir situaciones jurídicas subjetivas sin el concurso de los órganos judiciales y con independencia del consentimiento o colaboración del sujeto destinatario de aquéllas. La Administración Pública puede declarar lo que es Derecho en cada caso concreto con eficacia jurídica imperativa. La autotutela declarativa permite, a los actos de la Administración Pública que goza de esta autotutela, que en el ejercicio de su poder la Administración pueda dictar una resolución vinculante o desarrollar su propia potestad de ejecución forzosa. No es más que la consecuencia del poder, si la Administración tiene poder, es poder, el ejercicio de ese poder alumbra actos administrativos que suscitan al destinatario del mismo la sumisión a la Administración Pública.
La presunción de validez y eficacia inmediata de los actos administrativos se da porque se presume la legalidad de este tipo de actos (artículo 57.1 de la L30/92 à efectos). “Los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa.” La autotutela declarativa se refiere a una característica de la eficacia del acto administrativo. El acto administrativo produce efectos jurídicos vinculantes respecto de su destinatario.
El acto administrativo puede: → Declarar derechos.
→ Imponer obligaciones.
En el caso de una obligación, el destinatario está obligado a cumplir con la obligación, sin importar la voluntad del destinatario del acto administrativo porque se presume la legalidad del acto administrativo. Se presume que la Administración Pública está usando un poder sujeto al derecho, conforme a derecho y producto del ejercicio del derecho y el acto administrativo es jurídicamente vinculante. Esto implica que la Administración no necesita acudir al juez porque 10   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   declare si puede imponer o no la obligación, sino que es aquél que no esté conforme con la obligación el que debe acudir a los tribunales (desplazamiento de la carga de accionar). Lo normal es que quien reclama es quien debe acudir a los Tribunales. Si se trata de la Administración Pública, es aquel al que se le impone una obligación el que debe acudir a los Tribunales para evitar que se le haga efectiva esa obligación (si se quiere evitar pagar lo que reclama la Administración se debe solicitar al juez la nulidad del acto administrativo). El destinatario debe recurrir contra el acto para evitar que los efectos se consoliden e incluso se conviertan en hechos a través de la ejecución administrativa.
La mera interposición del recurso judicial no suspende necesariamente, ni por regla general en la práctica, la eficacia jurídica de la decisión administrativa recurrida, por lo que la Administración puede exigir su cumplimiento voluntario y, en caso de resistencia, ejercer sus potestades de ejecución forzosa.
Esta prerrogativa de la Administración se explica por el hecho que esta debe contar con los medios necesarios para la satisfacción del interés general. Además, confiere a la Administración una posición ante la Justicia que es muy diferente de la que tienen los sujetos jurídicos de derecho privado.
En resumen, en derecho privado ningún particular puede por su voluntad modificar una situación jurídica en relación o en contra de otro (imponerle una obligación de dar o hacer, privarle de un bien, por ejemplo), ni siquiera alterar la situación de hecho o posesoria, aunque le asista toda la razón jurídica. Es decir, nadie puede tomarse la justicia por su mano, ya que debe acudir a la Justicia para que le otorgue el derecho.
La situación en Derecho Administrativo es distinta. La Administración, que es por definición uno de los sujetos de la relación jurídica administrativa, puede determinar por sí misma y mediante decisiones unilaterales y vinculantes los derechos y obligaciones concretas del ciudadano, naturalmente, aplicando leyes. Por su sola voluntad y en virtud del poder que le confieren la Constitución y las leyes, la Administración crea, modifica o extingue derechos y situaciones jurídicas. No necesita para ello acudir al Juez ejercitando una acción declarativa. Tales decisiones unilaterales (normalmente actos administrativos) gozan de una presunción de validez y tienen eficacia por sí mismos. Deben ser cumplidas por sus destinatarios, por lo que, en este sentido, tienen la misma fuerza que una sentencia judicial, es decir, la ejecutividad.
Si el destinatario de una decisión administrativa no la cumple voluntariamente, la Administración tampoco necesita acudir al juez para imponer coactivamente sus mandatos, sino que puede proceder por sus propios medios a la ejecución forzosa, en los términos que la ley le permite. En caso de conflicto, la autotutela administrativa desplaza al destinatario de la decisión administrativa la carga de acudir al Juez o Tribunal contencioso-administrativo competente para defender sus derechos e intereses legítimos siempre dentro de los plazos establecidos por la ley.
11   Instituciones Básicas del Derecho Administrativo TEMA 4 – La Administración y los tribunales de justicia   No debe entenderse la autotutela como la tutela de los intereses propios de la Administración, sino como tutela de los intereses generales a los que la Administración sirve por definición. Esta finalidad es la que explica y justifica la atribución a la Administración de una posición semejante en sus relaciones con la justicia. No se trata de un privilegio sino de impedir que la simple resistencia individual a un mandato obligue a la Administración a recabar de antemano el auxilio judicial y perjudique el bien común.
è LÍMITES DE LA AUTOTUTELA: Son las reglas que se observan en el derecho y que tratan de establecer limitaciones a la autotutela.
Autotutela declarativa: La Administración no puede ir en contra sus propios actos.
Autotutela ejecutiva: 1.
Acto susceptible de ejecución forzosa à Acto impositivo de obligaciones.
2.
Incumplimiento de la obligación à Ausencia de ejecución voluntaria.
3.
Utilización de los medios previstos en la Ley y en las circunstancias que la misma establece (arts. 97 y ss L30/92).
4.
Interdicción de la entrada en domicilio sin autorización judicial (artículo 97 de la L30/92).
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